La tragedia del Chocó

Mientras los medios de comunicación deben registrar casi a diario las tragedias que le producen al Chocó los grupos delincuenciales, la Corte Constitucional vuelve a hacer un llamado sobre la responsabilidad del Estado con el río Atrato y su obligación de protegerlo de los desastres que ocasiona la minería ilegal. Ya no cabe duda sobre la necesidad de intervenir con decisión para impedir que la violencia y el abandono sigan azotando a una comunidad de colombianos que padecen los estragos.

El Chocó es una de las reservas naturales más diversa y más importante del mundo. Y sus comunidades están compuestas por personas tranquilas y herederas de unas tradiciones dignas de resaltar. Adentrarse en su territorio es encontrar múltiples comunidades indígenas y de raza negra que, con las dificultades propias de la convivencia, durante siglos compartieron con los colonos blancos, formando un acervo cultural aún desconocido para la inmensa mayoría de sus compatriotas.

Pero debido a esa riqueza, el destino de la región y de sus habitantes es hoy otra. Rodeado de malas noticias, inmerso en una guerra por el dominio territorial entre bandas delincuenciales de todos los pelambres y agobiada su naturaleza por la ambición que envenena los ríos y destruye su medio ambiente, ese pedazo de Colombia reclama la presencia del Estado para terminar la tragedia.

Además de la pobreza y de las necesidades básicas insatisfechas, de la corrupción que anula la capacidad de su Departamento y sus municipios para atenderlas, ya no hay región que no sufra el embate del crimen que secuestra y ocasiona el desplazamiento de miles de personas. A su lado están los depredadores que envenenan con mercurio las aguas de sus ríos, que los dragan o tumban la naturaleza, dejando sin vida miles de hectáreas de una de las selvas más importantes para la preservación del oxígeno del planeta.

Así, centenares de comunidades son rehenes de quienes tienen las armas, mientras el Estado no atina a definir una forma de sacar a los chocoanos de la miseria, el atraso y la falta de oportunidades, limitándose a programas asistencialistas, mientras sus instituciones son sometidas por el clientelismo que se queda con sus escasos presupuestos.

Hace 15 años fue Bojayá donde se produjo la masacre más espantosa, a manos de las Farc y los grupos paramilitares que se disputaban el control de toda suerte de delitos y de explotaciones ilegales. Hoy, esa confrontación ha cambiado de protagonistas pero el efecto es el mismo en el río Atrato y en el San Juan; en el norte y en el sur; en su capital, Quibdó, agobiada por carencias eternas, aumentadas ahora por los desplazamientos.

Esa es la realidad que con frecuencia y alarma hacen reclamar por la presencia de la Nación en el Chocó, con mucho más que la Fuerza Pública. Los chocoanos merecen una vida mejor, sus instituciones no pueden seguir en la postración que produce la pobreza crónica. Y, por encima de todo, su riqueza medio ambiental y su cultura de paz y convivencia no pueden seguir siendo destruidas por la ambición y la violencia.