La separación de poderes

La independencia y autonomía de los tres poderes públicos en Colombia están en juego en la discusión que mantienen la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación por la suspensión de órdenes de captura a integrantes de Grupos Armados Organizados, GAO. Por ello, cualquier decisión que se tome deberá estar enmarcada en el ordenamiento jurídico y en aquello que determine la ley de leyes, que es la Constitución Política.

La respuesta negativa del ente acusador a la solicitud del Alto Comisionado para la Paz de suspender las órdenes de captura a 16 integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, generó el rechazo del Gobierno Nacional. Para la Presidencia de la República, las resoluciones que se expidan en el marco de la ley de ‘Paz Total’ o de la jurisprudencia referente a esas organizaciones criminales, deben ser acatadas por todas las instancias incluidas las judiciales.

Olvida al Ejecutivo que la separación de poderes, consignada en la Carta Magna, es base esencial de la democracia, y tiene que ser obedecida por todas las ramas públicas. Por ello se debe respetar la posición del Fiscal General así como de algunos jueces de la República, que han manifestado su desacuerdo con la liberación de quienes ante la ley son integrantes del crimen organizado, y consideran que la Presidencia y, en particular, funcionarios como el Ministro de Justicia o el Comisionado de Paz se extralimitan sobre los alcances reales que tiene la legislación en la que basan sus conceptos.

La frase con la que sentó su posición el fiscal Francisco Barbosa es contundente: “Yo no soy subalterno del Presidente de la República, yo soy subalterno de la Constitución y las leyes”. Para el ente investigador ni las Autodefensas Gaitanistas, conocidas como el Clan del Golfo, ni las de la Sierra Nevada, que se denominan ‘Los Pachencos’, tienen la condición de grupos armados de carácter político ni de estructuras armadas que cometan crímenes de alto impacto, por lo que solo les queda el camino del sometimiento.

La diferencia queda clara si se tiene en cuenta que la Fiscalía ya levantó entre diciembre y enero órdenes de captura de integrantes del Eln o de disidencias de las Farc que no participaron en los Acuerdos de La Habana, para que sean representantes en las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional. Mientras tanto los nombres que aparecen en las resoluciones presidenciales referentes al Clan del Golfo y Los Pachencos son de delincuentes vinculados al narcotráfico, algunos pedidos en extradición por la Justicia de los Estados Unidos, o con procesos por homicidio, concierto para delinquir, secuestro con fines extorsivos y desaparición forzada.

Para la mayoría de los colombianos conseguir la paz y acabar con los múltiples conflictos que azotan al país desde hace décadas es un anhelo apremiante. En esa búsqueda, sin embargo, es imposible aceptar que se desconozca el ordenamiento jurídico y se pase por encima de la Constitución Nacional que es garante de la democracia y de los derechos ciudadanos.

Si existen diferencias conceptuales entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, quien debe dirimirlas es la Corte Constitucional. Lo inaceptable es que se busque la llamada Paz Total a través de imposiciones, recurriendo al autoritarismo o desestimando la independencia de los poderes públicos.