La salud, en riesgo

La sombra de la politiquería y de la corrupción vuelve a posarse sobre el sistema de salud colombiano. Esos flagelos llevaron al Estado a liquidar el Instituto de Seguros Sociales, un verdadero ejemplo de ineficiencia y de desangre de los recursos públicos.

La reforma que presentó el Gobierno al Congreso no solo establece un pagador único de origen estatal, el Adres, sino que crea unos fondos regionales que, además de canalizar los recursos de la salud, se encargarían de coordinar y articular la red de servicios que hoy manejan las EPS. Estos fondos estarían adscritos a las gobernaciones y alcaldías.

Con este modelo, el riesgo de que la prestación del servicio de salud se politice y sea permeado por la corrupción es evidente. Y la tentación de los mandatarios regionales de usar esos fondos para pagar favores políticos y fortalecer sus cuotas de poder sería muy grande.

Lo que también es claro, como ha advertido Acemi el gremio que agrupa a las EPS, es que esta reforma no implica “construir sobre lo construido” sino que tiene como intención verdadera establecer un nuevo modelo de salud en el país. “No se trata de una reforma ni una evolución. Lo que propone el Gobierno es un nuevo modelo de salud que arrancaría de cero”, manifestó Acemi en un comunicado dado a conocer días después de que se radicara el proyecto en el Congreso.

La intención del Gobierno de marchitar las EPS es clara. El exministro de salud Fernando Ruiz advirtió que, como las EPS no podrán crecer ni abrirse nuevas, “la Nueva EPS (entidad mayoritariamente estatal) terminará asumiendo todo lo que se liquide de aquí en adelante. En esas circunstancias, vamos a tener una súper EPS (la Nueva EPS) que no creo que tenga la capacidad realmente de atender a esa población”.

De ser cierto el escenario que vislumbra el exministro, el Estado no solo será el pagador único del Sistema, sino que manejará los servicios a través de los fondos regionales y, además, tratará a los pacientes a través de la Nueva EPS. Ese parece ser el propósito real de la reforma a la salud y de las demás reformas que prepara el gobierno de Gustavo Petro: privar a los colombianos de la experiencia y de la eficiencia del sector privado en el manejo de temas tan sensibles como la salud y las pensiones, y entregarle esa responsabilidad al Estado.

Y aunque el Gobierno pregona que la motivación de la reforma es construir un modelo más equitativo de salud, se corre el riesgo de que al final ocurra todo lo contrario: podrán acceder a una buena salud quienes tengan para pagarla y quienes no posean esos recursos, tendrán que soportar la ineficiencia del modelo estatal, pues como advierte la Presidente de Acemi “como está planteado, no funcionará”.

Los colombianos deben tener claro que el país corre el peligro de retroceder 30 años en la administración del servicio esencial de salud y de regresar a modelos ineficientes y vulnerables a la politiquería y a la corrupción, de la mano de un Gobierno que parece guiarse más por radicalismos ideológicos que por un diagnóstico técnico, operativo y pragmático de los problemas.