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La reforma necesaria

Durante muchos años, la rama judicial, sus dificultades y problemas han sido motivo de preocupación para los colombianos. Hoy, esa suma de elementos es razón de inquietud y de desgaste creciente, que demanda tomar decisiones para impedir que siga creciendo el desprestigio que causa el no poder ofrecer pronta y cumplida justicia a todos los ciudadanos y sin distinción alguna.

10 de agosto de 2020 Por: Editorial .

Durante muchos años, la rama judicial, sus dificultades y problemas han sido motivo de preocupación para los colombianos. Hoy, esa suma de elementos es razón de inquietud y de desgaste creciente, que demanda tomar decisiones para impedir que siga creciendo el desprestigio que causa el no poder ofrecer pronta y cumplida justicia a todos los ciudadanos y sin distinción alguna.

Y no es un asunto menor o producto de una pugna partidista. Por el contrario, tiene que ver ante todo con la obligación de adecuar ese servicio público a las necesidades de una nación que ya no puede seguir tolerando que la demora y la falta de respuestas a sus demandas, las dificultades para ejercer o proteger los derechos consagrados en la Constitución o la lucha contra una delincuencia cada vez más sofisticada, diversa y poderosa, sigan padeciendo los inconvenientes que encuentran.

Es pues un problema que afecta ante todo al ciudadano común y corriente y redunda en la paz del país, en el goce tranquilo de los derechos y en la posibilidad cierta de resolver de manera rápida y oportuna los conflictos normales en cualquier sociedad. También es la necesidad imperiosa de impedir que más del 90% de los procesos penales no tengan sentencia, que un proceso civil pueda durar más de una generación en resolverse o que los conflictos con las entidades públicas puedan pasar hasta una década en ser decididos por los jueces.

Así mismo, es claro que se necesitan cambios para armonizar la actuación de las múltiples Cortes, tribunales y juzgados en los cuales se divide la administración de Justicia. Y es urgente aplicar la experiencia de veintinueve años de la tutela, recurso extraordinario cuya enorme demanda demuestra por sí sola los problemas que existen para recurrir a la Justicia ordinaria. Y para impedir la nociva intervención de los jueces en la elección de funcionarios ajenos a la rama jurisdiccional o las dificultades para escoger a los integrantes de las Cortes.

De otra parte, hay que registrar la imposibilidad de acabar el Consejo de la Judicatura, fuente de conflictos y de acusaciones de corrupción aún no resueltas, por lo cual algunos de sus magistrados se mantienen en sus cargos pese a que sus períodos están vencidos. De igual manera la crónica falta de recursos ocasiona que los sindicatos de la rama realicen frecuentes paros cuyos damnificados son los colombianos que necesitan de la Justicia.

Por todo ello y mucho más se requiere reformar la Justicia. En por lo menos diez ocasiones, los gobiernos han gestionado en el Congreso proyectos, casi todos dirigidos a resolver las dificultades en las Altas Cortes. Todos han fracasado, la mayoría de los casos por la politiquería y en algunas oportunidades por decisiones o intervenciones de los magistrados.

Ahora es el momento para reclamar esa reforma como una necesidad nacional. Para sacarla adelante es necesario apelar a la grandeza y al patriotismo de quienes de una u otra manera intervienen o pueden influir en las decisiones legales o constitucionales que se tomen o en la manera de hacerla. Ese es un deber para con Colombia.

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