La reforma necesaria

La reforma necesaria

Septiembre 16, 2018 - 06:55 a.m. Por: Editorial .

El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de Acto Constitucional que pretende reformar la administración de Justicia en Colombia. Será un nuevo intento que debe lograr sus frutos para que uno de los servicios públicos más importantes para la paz y la vida institucional de la Nación se sintonice con la demanda y las necesidades de los colombianos.

Si algo está claro es la urgencia de tomar medidas para resolver los graves problemas que afectan la prestación de ese servicio, y para detener el deterioro en la credibilidad y en la eficiencia que debe tener. Por ello, es más que urgente acabar con la intervención de los jueces en la elección de funcionarios, o la morosidad y la manipulación política en la designación de magistrados que integran las Cortes.

También es más que necesario reformar la manera en que se maneja la administración del sistema judicial, acabando con las funciones jurisdiccionales del fallido Consejo Superior de la Judicatura. Así mismo, es aconsejable precisar los requisitos, los periodos de los magistrados y las inhabilidades que tendrán una vez se retiren, cerrando la puerta giratoria que les permite litigar ante las mismas entidades a las que pertenecieron un día después de su retiro.

Esas son, entre muchas otras, las propuestas de cambio frente a la manera en que se actúa hoy, y, como era de esperarse, se han presentado reacciones. Debe aclararse entonces que lo propuesto en el proyecto no va en contra de sus derechos sino a favor de la transparencia en la Justicia. No menoscaba la majestad de los jueces sino que los dignifica, evitando los bochornosos hechos que se han presentado en los últimos años, afectando de manera grave el honor de la Justicia colombiana.

La iniciativa también propone modificaciones al ejercicio del derecho a la tutela que deben ser consideradas luego de veintisiete años de creada. Y hace un esfuerzo por dar relevancia y orden a la jurisprudencia como fuente de derecho en Colombia, nada menos que la sistematización de las interpretaciones de los jueces sobre las leyes.

Como reforma constitucional, la propuesta del Gobierno se dirige a resolver los múltiples inconvenientes que presenta la administración de Justicia con respecto a las Cortes, a los magistrados que la integran y a asuntos consagrados en la Carta Magna. Quedará pendiente la parte más importante, aquella que se relaciona con el ejercicio de los derechos del ciudadano y la urgencia de acabar con la impunidad en los asuntos penales, con la morosidad en la jurisdicción civil y con las demoras en la justicia contencioso administrativa.

Este será un nuevo intento por atender el reclamo de la Nación hacia la obligación de que el Estado cumpla su deber de ofrecer recta y cumplida justicia. Queda en manos del Congreso y del Gobierno la responsabilidad de evitar un nuevo fracaso o la reaparición de los vicios que en el pasado reciente han producido grandes frustraciones.

Colombia necesita la paz, y para ello el Estado debe ofrecerle una Justicia creíble y confiable. Ese es el desafío más importante para los legisladores, jueces y gobernantes.

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