La reforma del consenso

Con la reforma tributaria que bajo el nombre de Ley de Inversión Social fue aprobada por el Senado y la cámara de Representantes, el país recibe una buena noticia, a pesar de los costos que significará para algunos sectores. Y el Congreso demuestra que sí es posible lograr consensos que faciliten soluciones para todos los colombianos en tiempos cortos y sin que se antepongan intereses extraños al bien común.

Ayer se produjo la conciliación entre las dos Cámaras, lo que significa que a lo acordado a partir de la propuesta inicial del Gobierno sólo le falta la sanción presidencial para convertirse en ley de la República. Después de un trámite que duró apenas 49 días, setenta votos a favor y ocho negativos en el Senado, así como una apabullante mayoría de 122 Representantes y 22 en contra enviaron a los colombianos y a los mercados un mensaje importante sobre la voluntad de tomar decisiones para empezar a superar las dificultades que hasta ahora han dejado la pandemia del Covid-19 y las restricciones que debieron aplicarse para defender la salud de la Nación.

Fue un proceso rápido y efectivo para aprobar una reforma que aportará 17,9 billones de pesos al tesoro público, dirigidos fundamentalmente para atender los graves problemas de pobreza, desempleo y de crisis social que muestra Colombia y no pueden ser ocultados. Además, y como lo afirmó el Ministro de Hacienda, la ley “logra superar el déficit fiscal primario entre 2024 y 2025, además de reducir y estabilizar la deuda pública entre el 61 % y el 62 %. Con esto logramos el ajuste ordenado de las finanzas públicas en el corto plazo”.

Debe reconocerse de nuevo que la reforma aprobada fue el fruto de un proceso de consulta y construcción de consensos, a partir de las propuestas y ofrecimientos del sector privado, lo cual hizo posible evitar las acostumbradas negociaciones marcadas por los intereses partidistas y personales. Por eso fue posible avanzar en forma acelerada, y enviar el mensaje claro sobre la voluntad del Estado de estabilizar sus finanzas y de destinar la cantidad de recursos que sea posible conseguir para reconstruir el tejido social y devolver en el mediano plazo la tranquilidad que han perdido miles de hogares como producto del cierre que debió aplicarse durante largos meses y de las restricciones a la actividad social, algunas de las cuales aún prevalecen.

Si bien no se conoce aún el detalle de lo aprobado en la conciliación, lo que será objeto de comentarios posteriores, quedan dos aspectos vitales para que este nuevo esfuerzo en procura de la recuperación tenga el efecto que necesita el país. El primero es la decisión de restringir al máximo el gasto innecesario en todos los niveles de la administración pública nacional, departamental y municipal, a fin de poder destinar más recursos al propósito que impulsó la aprobación de la reforma tributaria, y de aumentar el control a la corrupción y la evasión fiscal. Y el segundo, la necesidad de que los colombianos cumplan con sus obligaciones tributarias, aportando el grano de arena que se requiere para salir de la crisis.