La reforma a la salud

Los partidos de oposición le madrugaron al Gobierno Nacional y ya radicaron tres propuestas de reforma a la salud ante el Congreso de la República. Mientras tanto el Ejecutivo sigue con los anuncios, hablando de diálogos para llegar a acuerdos, pero aún sin presentar su proyecto de ley, tal como lo viene anunciando.

Lo que ha dicho el Ministro del Interior es que no se llevará la iniciativa al Legislativo hasta que no sea concertada con las fuerzas políticas contrarias a la Casa de Nariño. Aunque el propósito parece loable, llama la atención que transcurrido casi un mes desde el reinicio de la actividad en el Congreso, hasta ahora no se tengan noticias sobre la realización de alguna reunión con ese objetivo.

Pareciera, por el contrario, que cuatro meses después de que la Comisión Séptima del Senado hundiera el primer proyecto de reforma que el Gobierno le propuso al país, la Administración central no tuviera lista una iniciativa concreta para someterla a la discusión del país. Habría qué preguntar si hay una real intención de someter a discusión la transformación que, sin duda, requiere el sistema, o si lo que se pretende es generar una crisis sin retorno para adelantar los cambios que no han tenido eco en el Congreso.

Mientras tanto, lo que se está viviendo en el país es un retroceso en un servicio que aún con fallas, algunas profundas, atendía a la mayoría de la población. Tras la intervención de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, con mayor número de afiliados, y la solicitud de las que han pedido ser liquidadas de manera progresiva, se han hecho evidentes las demoras en la atención de pacientes, en la asignación de citas o procesos quirúrgicos así como en la entrega de medicamentos.

El problema más grave, el de las deudas que las EPS acumulan tanto con la red pública hospitalaria como con las entidades privadas que prestan su servicio, sigue así mismo sin resolverse. Se calcula que son seis billones de pesos el monto al que ascienden las acreencias, suma que aumenta mes a mes y que ha vuelto insostenible la continuidad de buena parte de esas entidades de salud.

A ello se suman investigaciones que adelantan los entes de control del Estado sobre el manejo de algunas EPS, como la que acaba de revelar la Contraloría General de la Nación, que logró establecer que 24 EPS habrían desviado billonarios recursos del sector.

Todo ello es lo que debe ser atendido por el Gobierno Nacional y modificado a través de un proyecto de ley que recoja las verdaderas inquietudes de los colombianos sobre su sistema de salud. En ello debe centrarse la propuesta que se ha comprometido a presentar el Ejecutivo y que aún espera recibir el Legislativo.

El país necesita una reforma a la salud que permita superar la crisis actual, no una que insista tercamente en visiones que están lejos de responder a la realidad colombiana. No se debe perder de vista que la prioridad es garantizar una atención eficiente y oportuna, que permita brindar atención a toda la población, tal como es su derecho constitucional.