La otra cara de la moneda

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La otra cara de la moneda

Enero 15, 2020 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

Con las sentencias de los jueces y la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de aplicarlas como es su obligación, quedaron en duda los desarrollos tecnológicos que ofrezca ahora y en el futuro el servicio de transporte de manera distinta a los contemplados en la legislación. Sin embargo, nada ha hecho el Estado por meter en cintura el servicio para evitar la explotación de muchos conductores, las incomodidades que padecen los usuarios y el desorden en las calles.

Es el otro lado del problema que no parece tener soluciones. Por supuesto, los jueces deben atender las demandas de quienes consideran que con Uber y todas las demás plataformas se está montando una competencia fuera de la ley contra un servicio público reglamentado hasta la saciedad, y la Superintendencia está obligada a aplicar las decisiones jurisdiccionales. Pero es el momento para preguntarse también cómo van a proteger el derecho de los usuarios a escoger el servicio que deseen y a pagar por ello, como sucede en cualquier parte.

Más necesario aún es preguntarse a quién beneficia esa medida que en la práctica le entrega el control de esa clase de servicio a quienes hoy detentan las licencias, cuyo número es definido de manera arbitraria por los gobiernos municipales lo que ha desatado frecuentes escándalos de corrupción. Y han llevado a elevar de manera notoria los precios de los vehículos para taxi, lo que impide el acceso de muchos de los conductores a ser sus propietarios.

El resultado es la existencia de una explotación tolerada. La inmensa mayoría de los taxis en Cali son propiedad de algunas empresas y quienes los conducen no tienen acceso a la seguridad social ni al régimen laboral. A ellos, los propietarios les fijan una cuota que deben entregar a diario, sin reconocerles horarios ni descansos ni las remuneraciones por laborar en horarios nocturnos, en domingos o días de fiesta.

Es un trabajo a destajo que no ofrece estabilidad alguna, no reconoce salario mínimo ni ofrece protección por accidentes de trabajo o enfermedad. El que no trabaja no gana y en muchas ocasiones la jornada diaria se extiende durante más de ocho horas sin que haya lugar a reclamación laboral o de cualquier especie. En otros términos, es un abuso de la necesidad de los conductores que desconoce la legislación y el derecho al trabajo en condiciones dignas.

El resultado se refleja en la guerra del centavo, en el mal servicio y en la transformación en colectivos los taxis, un servicio en esencia individual. Esa sí es una competencia desleal que además desconoce la legislación, poniendo en riesgo los pasajeros y haciendo caso omiso de las normas dirigidas a organizar el transporte público en Colombia.

Así, la polémica no es sólo si el Estado puede seguir de espaldas a los desarrollos tecnológicos que satisfacen la demanda de los usuarios y ofrecen mejores condiciones laborales. El asunto también abarca la obligación de las autoridades administrativas y judiciales de hacer cumplir las normas que protegen el trabajo y aquellas que ayudan a garantizar el buen servicio y el orden en las calles.

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