La guerra en la frontera

Las cuentas oficiales hablan de veintitrés muertos. Sin embargo, los estragos de la confrontación armada entre las llamadas disidencias de las Farc y el Eln pueden llegar a dimensiones catastróficas para quienes habitan la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela.

Esa cifra refleja la guerra que se ha desatado en el departamento de Arauca y por la motivación más criminal de todas las que se producen en nuestro país: el control de las rutas del narcotráfico, de los cultivos ilícitos y, en general, del negocio que alimenta todas las formas de violencia en Colombia. No es un conflicto de aquellos que tanto gustan en los círculos empeñados en defender las supuestas motivaciones políticas de sus cabecillas, sino una vulgar vendetta entre bandas criminales.

Y no solo es en Arauca: abarca toda la frontera colombo venezolana, sembrando el terrorismo, la violencia indiscriminada, la extorsión y la amenaza contra los miles de habitantes de ese sector. Como tampoco es un problema exclusivo de nuestro país, pues detrás de esos grupos está el apoyo y el reconocimiento del régimen de Nicolás Maduro y de los militares que lo respaldan.

De cualquier forma en que se mire, lo que está sucediendo en esa frontera de más de dos mil kilómetros de extensión es una amenaza que golpea ya con saña a Colombia. Y obliga a sus Fuerzas Militares y de Policía a actuar para tratar de proteger a la ciudadanía de los horrores a los que están expuestos, en ejercicio de la soberanía. Lo cual puede terminar en un conflicto susceptible de ser aprovechado por la dictadura vecina para mostrarse como víctima de lo que sin duda tiene su origen en la tolerancia y la protección que les ofrece a los jefes del Eln y de las disidencias.

La guerra en la frontera por el narcotráfico y el control territorial tiene unas dimensiones demasiado peligrosas como para seguir pensando que la solución le corresponde de manera exclusiva a Colombia. Allí se están produciendo hechos causados en delitos que como el narcotráfico afectan a todo el mundo pues usan el territorio venezolano como plataforma para exportar las drogas ilícitas mientras quienes ejercen allí el poder se niegan a combatir a sus autores.

Por ello, las autoridades de Colombia no pueden seguir asumiendo de manera aislada el combate a la delincuencia que se ha tomado la zona.
Por supuesto, no puede desentenderse de su obligación de proteger a la población, de recuperar el territorio afectado por la guerra que se ha desatado por el narcotráfico y de seguir combatiendo los grupos criminales que atacan en la región y usan a Venezuela como su refugio.

Queda claro que lo que está aconteciendo en la frontera colombo venezolana no es solo un asunto interno de nuestro país o de contenido político. Es una guerra entre narcotraficantes que puede desatar un conflicto con el vecino y requiere la intervención del resto del mundo, en especial, de los países donde el consumo de drogas ilícitas impulsa la violencia que deja muerte y destrucción en toda una región que siempre ha sido escenario de unión fraterna entre dos pueblos y hoy es presa del terror y el crimen.