La guerra de Ecuador

Como ha ocurrido con frecuencia en Colombia durante los últimos treinta años, Ecuador está bajo la amenaza del narcoterrorismo que pone en riesgo el Estado de Derecho. Y su gobierno tiene que echar mano del estado de excepción para enfrentar el desafío del narcotráfico que asesina policías y civiles y desata el terror en las cárceles mientras los sectores políticos se trenzan en batallas para tumbar los gobernantes sin considerar el momento que vive su nación.

La fórmula es más que conocida en nuestro país: los dueños de las mafias adquieren el poder que les da la enorme riqueza que produce el tráfico de drogas ilícitas para apoderarse de las calles y de los penales, para corromper las autoridades y para montar ejércitos de maleantes que acorralan a la sociedad. Y basta un incidente como los que con frecuencia ocurren en las cárceles ecuatorianas para desatar su furia, lo que se traduce en atentados terroristas e indiscriminados en centros comerciales, vías y lugares públicos, sembrando el miedo.

Eso es lo que está pasando, en especial, en Guayaquil y Esmeraldas, la región pacífica por donde sale la cocaína que, en su mayor parte es producida en el sur del Pacífico colombiano o en las selvas del Perú. Como sucede en Buenaventura o en Tumaco, allí convergen los traficantes nacionales que se suman a las bandas colombianas, a los carteles mexicanos y a todas las organizaciones criminales que aprovechan la lentitud de los Estados constitucionales para reaccionar contra lo que es una verdaderas amenaza transnacional.

Por eso, el presidente Guillermo Lasso debió decretar el estado de excepción por cuarenta y cinco días y puso en pie de guerra a las autoridades militares y de policía. La respuesta es el brote de arremetidas similares al plan pistola contra miembros de la Fuerza Pública en Colombia o la explosión de bombas en lugares concurridos, así como motines que pretenden impedir el traslado de presos de las cárceles para evitar las masacres frecuentes que ocasionan las continuas vendettas entre delincuentes.

Ecuador lleva ya meses de angustia y a diario suma víctimas en esa confrontación que le ha planteado el narcotráfico. Es la misma que se ha desarrollado en Colombia o en Perú, mientras en Venezuela no aparece porque sus autoridades conviven con los grupos que la producen, la exportan y la venden. Su presidente ha decidido actuar para defender su país y sus instituciones del crimen que los acechan mientras un sector amplio de oposición pretende usar la crisis para tratar de destituirlo.

Esa lucha de Ecuador parece ser un esfuerzo solitario que no recibe el apoyo y ni siquiera la solidaridad del gobierno colombiano, no obstante ser la misma amenaza que padece nuestro país y tener el mismo origen. Al parecer, las razones ideológicas y la expectativa de lograr negociaciones con las organizaciones que viven del narcotráfico impiden actuar como corresponde para combatir lo que a los colombianos nos ha costado miles de muertos y frecuentes tragedias que destruyen nuestra nación y ponen en peligro las libertades, la existencia y la viabilidad de nuestro Estado de Derecho.