La edad de la inocencia

Como si fuera la creación de un trámite más dentro del proyecto de ley para la humanización del sistema penitenciario y la reducción del hacinamiento en los centros de detención, sus autores deslizaron un inocente artículo que obligaba a los medios de comunicación a depender de las órdenes de una entidad pública para cumplir con su deber de informar. Fue un intento de imponer la voz oficial por encima de la libertad de información y de expresión en Colombia, al parecer enmarcado en la estrategia de la Paz Total.

En el artículo 71 del proyecto que elabora el Ministerio de Justicia dice: “Artículo 167-a. Estrategia de concientización ciudadana sobre la política criminal en prensa, radio y televisión. A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos”.

No hay que ser agudo para entender que lo que allí se propone es someter al periodismo a depender de la comunicación oficial, a solicitar la aprobación de los funcionarios y a estar sujeto a la vigilancia del Ministerio de Tecnologías de la Información de los textos que se publiquen sobre la política criminal. En otros términos, la audaz propuesta crearía la censura previa y posterior sobre la información, opinión y difusión de uno de los temas más graves para nuestro país como es el sistema penal y penitenciario, una de las peores falencias del Estado colombiano.

Quizás, los autores de la iniciativa pretendan meterle la mano a la libertad periodística como lo han hecho regímenes como el de Venezuela o el de Ecuador en épocas de Rafael Correa. De otra parte, se sabe también que entre los partidos afines al gobierno se está elaborando un proyecto para regular el ejercicio del periodismo en Colombia. Por ello no sería extraño que detrás de eso vinieran otras tantas disposiciones de igual o peor contenido, dirigidas a silenciar una de las claves de la democracia: la posibilidad de informar, de mostrar las facetas de una medida oficial y de expresar críticas sobre las acciones de los funcionarios del Estado.

Ante la reacción que desató la publicación del artículo citado, debió manifestarse el Ministro de Justicia, quien le restó importancia y le cambió el verbo deber por poder. Buen intento del doctor Camilo Umaña quien incurrió en un error: incluir en una posible ley de la República la sugerencia al periodismo sobre la forma de actuar o no con respecto a un asunto que es de dominio público y debe ser tratado con respeto y objetividad.