La crisis

Un año y tres meses después de posesionado su presidente Pedro Castillo, Perú atraviesa por una de las crisis institucionales más graves de su vida democrática. Y no se tiene certeza sobre su desenlace, lo que golpea aún más la estabilidad del Estado y la tranquilidad de los peruanos.

El martes 11 de octubre, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra Castillo por presunta comisión de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. De acuerdo con ella, la supuesta red criminal liderada por el mandatario operó en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el de Transportes y Comunicaciones y Petro-Perú.

Según la acusación, en esas dependencias actuó una organización que repartió nombramientos, presupuestos y contratos a cambio del respaldo a un gobierno hundido en el escándalo y el descrédito casi desde la posesión de Castillo. Cinco gabinetes y decenas de ministros renunciados, y denuncias por supuesto favorecimiento a la familia presidencial derivaron ahora hacia los cargos que presentó ante el Congreso la fiscal Benavides.

Ahora, la trama parece extenderse a la subcomisión legislativa que tendrá a su cargo el estudio de la denuncia y el inicio de un proceso que culmina con el juicio y el veredicto del congreso en pleno. Así, la larga estela de delitos y actuaciones irregulares que implican a Castillo y su entorno se amplía a la obstrucción de la justicia en el poder legislativo, practicada por un grupo de congresistas denominado “Los Niños” que pertenecen al entramado.

Respaldo, silencio y obstrucción a cambio de cargos, cuotas de poder y contratos es la línea de acción que parece primar en el gobierno del Perú, algo muy parecido al clientelismo que ronda el Estado en Colombia y muy distante de las promesas revolucionarias de quien se presentó con un sombrero como emblema y un pasado de maestro para lograr el favor popular. Según la Fiscalía del Perú, la supuesta red criminal cuenta con siete brazos en su estructura: “Gabinete en la sombra o Buró político’, brazo congresal’, brazo familiar, brazo lobbista, brazo Secretaría General (coordinación), brazo ministerial y altos funcionarios, y brazo obstruccionista”.

Los defensores de Castillo afirman que lo que existe es una conspiración para sacar al presidente mediante una acusación penal, ya que no lograron sumar los votos para destituirlo por incapacidad en el Congreso, un juicio político usado con efectividad contra tres de sus antecesores en la Presidencia de Perú. Pero ya está claro que los próximos meses serán dedicados a entablar el proceso y realizar el juicio si la alianza del Mandatario no logra detener la acción de la justicia.

El pasado viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió la denuncia. A partir de allí, tendrán diez días hábiles para decidir si se realiza el juicio contra Pedro Castillo y todos los involucrados en un escándalo que tiene en vilo al Perú, en momentos en los cuales se necesita el esfuerzo del Estado para enfrentar los problemas que dejan la recesión, la inflación y el descrédito.