La crisis eterna

Dos semanas de balaceras, de intimidación y de zozobra, llevaron a los habitantes de Buenaventura a exigir de nuevo la presencia de la Fuerza Pública para detener el desafío de los grupos ilegales que disputan su territorio. Y la permanencia de las instituciones para que el municipio pueda ofrecer alternativas de progreso que permitan solucionar como debe ser las causas de la violencia con la cual han tenido que convivir por décadas.

Ayer, y ante el clamor ciudadano amplificado por los medios de comunicación que cubren con amplitud el último estallido de amenazas y combates entre los grupos que se disputan el control territorial del primer municipio de Colombia sobre el océano Pacífico, se llevó a cabo el Consejo de Seguridad que se acostumbra en estos casos. A Buenaventura llegaron el ministro del Interior, la gobernadora del Valle, los mandos del Ejército, de la Armada Nacional y de la Policía, además de los representantes de los cuerpos de seguridad, de la Fiscalía General de la Nación y del Ejecutivo, quienes se reunieron con las autoridades municipales y las fuerzas vivas de la agobiada ciudad.

El temario fue el mismo de los últimos treinta años: atender el clamor de los miles de ciudadanos que salieron a la calle a exigir seguridad y a reclamar por el incumplimiento en las promesas y acuerdos firmados por los últimos gobiernos nacional y departamental. Es decir, a pedir como colombianos que creen en las instituciones su derecho a vivir en paz, y el deber del Estado de ofrecerles condiciones para superar las condiciones de aislamiento, pobreza, atraso y subdesarrollo en las cuales está sumido su municipio.

La respuesta es la misma que se produce cada que deben realizarse esos consejos de seguridad, por lo general citados cuando se origina el reclamo. Además de explicar cómo se está cumpliendo el más reciente de los acuerdos firmados después del último paro cívico, ofrecer la presencia de la Fuerza Pública para aplicar el peso de la ley a los criminales que ahora han convertido las calles de Buenaventura en campo de batalla de sus fechorías y disputas.

A través de la historia son muchos los compromisos que los gobiernos han ofrecido a los habitantes de Buenaventura y pocos los que se han cumplido. Hoy, esa ciudad, que debiera ser el polo de desarrollo del Pacífico, sigue siendo foco de conflictos que merece la atención del centralismo sólo cuando la violencia es inocultable. Y nada de ofrecer alternativas de desarrollo que aproveche su posición estratégica como la puerta a la región con mayor desarrollo del mundo.

El Consejo de Seguridad realizado ayer culminó con otra promesa de combatir a muerte la delincuencia que hace muchos años se tomó a Buenaventura. Sus habitantes ruegan porque la presencia de la autoridad militar y de policía no sea efímera. Y que se haga el esfuerzo que Colombia les debe para impulsar el desarrollo y la equidad que nace de la permanencia de un Estado al lado de sus ciudadanos para ofrecerles oportunidades de progreso y la defensa que necesitan contra los criminales que llenan el vacío causado por la ausencia de ese Estado.