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La crisis de las regiones

La caída ha sido amortizada por las transferencias, que ya llegan al 58% de los ingresos totales de las regiones

3 de agosto de 2021 Por: Editorial .

La palabra crisis puede ser la más apropiada para definir lo que sucede con los ingresos de departamentos y municipios en Colombia. De ahí se deriva el marchitamiento de la autonomía regional para solucionar sus problemas e impulsar el desarrollo y la seguridad que necesitan sus habitantes.

Y ya no es causada sólo por la falta de decisiones para controlar la corrupción y el clientelismo que se apoderó de gran parte de las que son las instituciones más cercanas a los problemas del ciudadano y a sus soluciones. Ahora, y a raíz de la pandemia que obligó al aislamiento social y la consecuente parálisis de la economía, la caída en los ingresos regionales y locales supera el 12%, y es del 35% en los ingresos propios como el impuesto predial o de rodamiento.

El informe de Planeación es generoso en cifras sobre el impacto que ha tenido en los entes territoriales la pandemia. Pero también muestra cómo no existe control sobre factores como la utilización del endeudamiento para otorgarles capacidad de gasto a los alcaldes y gobernadores sin que el control político que deben ejercer concejos y asambleas cumpla el papel de proteger el interés general por encima de los compromisos clientelistas. Lo que sucede en Cali con el cupo de $650.000 millones es la mejor muestra.

Esa cifra, que apenas ahora es citada por Planeación Nacional en su Boletín de Resultados sobre el Índice de Desempeño Fiscal 2020, muestra los estragos causados por la pandemia hasta el 31 de diciembre pasado. Es una caída a la cual no se hace referencia en la propuesta de reforma tributaria que pretende estabilizar las finanzas del gobierno central, no obstante el impacto que está produciendo en las regiones, donde el dominio de la politiquería hace cada vez menos transparente el manejo de los impuestos locales o la utilización del endeudamiento en ciudades como Cali.

La caída ha sido amortizada por las transferencias, que ya llegan al 58% de los ingresos totales de las regiones. En otras palabras, departamentos y municipios son cada vez más dependientes de lo que la Nación pueda o quiera transferirles a través de las participaciones o mediante las regalías. Y por paradójico que parezca, los mecanismos de control y de vigilancia sobre el uso de esos recursos también se han ido perdiendo, ocasionando así el aumento de la corrupción.

De resultas, y con pocas excepciones, departamentos y municipios son cada vez menos autónomos y más frágiles para ejercer la presencia del Estado en el territorio nacional. Entre tanto, la ausencia de voluntad para hacer realidad la desconcentración del Estado consignada hace treinta años en la Constitución Nacional sigue ocasionando el desequilibrio entre el centralismo y la descentralización que se supone es principio rector de nuestra República.

Está claro entonces que la palabra crisis es la más acertada para definir la situación de las administraciones locales y regionales en Colombia.
Cabe agregar que no existe aún la iniciativa para detener el marchitamiento de unas instituciones fundamentales para la democracia y el gobierno de nuestra Nación.

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