La CPI en Venezuela

Luego de pasar por Colombia, el Fiscal de la Corte Internacional de Justicia hizo una visita similar a Venezuela. Y a diferencia de lo que encontró aquí, en el país vecino ratificó los procesos que esa institución adelanta contra el régimen que desconoce los derechos de sus ciudadanos, la actuación de la Justicia para aclarar las denuncias sobre violación de Derechos Humanos a cargo de las entidades del Estado, y el castigo a los culpables por delitos de lesa humanidad que comete la dictadura.

En su paso por nuestro país, el fiscal Karin Khan reconoció la actuación de la justicia colombiana, incluida la justicia transicional de la Jurisdicción Especial de Paz en los casos referentes a los delitos que son de la competencia del tribunal internacional. Además, hizo idéntico pronunciamiento frente a la independencia de los jueces para cumplir sus funciones en un país donde sin duda han ocurrido delitos de extrema gravedad pero donde existe un compromiso serio para investigarlos, para buscar la verdad y tratar de reparar a las víctimas.

Por esa razón, el Fiscal de la CPI firmó un documento en el cual deja constancia de que hay en Colombia una justicia que actúa, por lo cual no se continuará con los procesos iniciados desde hace 17 años, sin que ello signifique que dejará de estar vigilante sobre la actuación del Estado colombiano, según consta en el acuerdo suscrito con el presidente de la República.

Muy distinto fue el resultado de su visita a Venezuela, donde la impunidad cubre las violaciones más aberrantes a los derechos humanos y civiles de la población, causados por una tiranía que ha generado una de las más graves tragedias humanitarias, sociales, políticas y económicas de las décadas recientes en América. Allá, y mediante una justicia de bolsillo sometida a Nicolás Maduro y su corte, la justicia es apenas una palabra que disfraza los abusos y los crímenes de todo tipo que cometen quienes detentan el poder.

Por ello, el fiscal Khan anunció el inicio oficial de una investigación por violaciones de derechos humanos. Frente a Maduro, el funcionario internacional aclaró que el examen abierto desde el 2018 por denuncias sobre la represión contra las protestas ocurridas el año anterior era una etapa previa y que hay mérito para avanzar a la siguiente fases.

Es decir, que quienes tienen el control de la Fuerza Pública, empezando por quien figura como presidente de la llamada república bolivariana y siguiendo por la Justicia de Venezuela seguirán siendo objetivo de la CPI y serán procesados por delitos de guerra o de lesa humanidad, y por no actuar para encontrar la verdad y sancionar a sus autores. Será un largo y complejo proceso el que sigue en Venezuela, y pueden presentarse toda clase de interferencias para evitar que la CPI obre como mecanismo complementario para la defensa de la Justicia contra actos de ese tipo, según el tratado de Roma.

Así queda clara la diferencia entre Colombia, país que respeta la independencia de la justicia y busca la verdad de los crímenes que se hayan cometido, y la dictadura totalitaria que manda en Venezuela.