La amenaza social

Aprovechando que los esfuerzos de la ciudad están concentrados en la atención al problema generado por la pandemia, varios grupos de invasores tratan de apoderarse de terrenos públicos y privados para crear nuevos asentamientos anormales. Es una especie de cáncer que en las últimas décadas avanza en Cali, creándole un peligroso círculo de amenazas sociales, ecológicas y de servicios que no parece tener fin.

La semana pasada, las autoridades debieron recurrir a la fuerza para desalojar un lote del municipio en inmediaciones del cerro de Cristo Rey, donde decenas de familias trataron de asentarse. Se sabe que allí aparecieron los consabidos vendedores de terrenos que destruyen la vegetación y cobran por los lotes a personas venidas de otras partes del país, apoyados por dirigentes políticos y supuestos intermediarios ante el gobierno local.

Además, como lo relató una crónica de El País publicada el sábado pasado, se han descubierto intentos del mismo corte en zonas de ladera, cerca al barrio Santa Rita. Son acciones planificadas que aprovechan la necesidad de vivienda de quienes llegan a Cali en busca de soluciones y encuentran a los mercaderes y a quienes pretenden explotar sus problemas, sin duda graves.

Esos invasores saben también que la tradición en la capital vallecaucana parece ser la ausencia de una justicia que haga respetar los derechos de la sociedad caleña a tener un medio ambiente sano y a preservar su sistema ecológico. Es una ciudad amenazada por asentamientos donde se instalan miles de personas que no tienen posibilidad de acceder a los más elementales servicios, salvo que tomen el agua potable y la energía de manera ilegal.

Hace unos años se creó en el Municipio la Unidad de Control de Invasiones, con lo cual las autoridades han podido evitar o desalojar decenas de esas tomas. Sin embargo, y como se puede comprobar con lo sucedido en el predio La Estrella, arriba de Siloé, no existió la presencia de los organismos encargados de judicializar a quienes promueven esos actos. No sería extraño que muchos de los invasores de ahora hayan participado en otras de esas aventuras ilegales, las cuales pretenden mostrar como un acto de justicia social.

Pues ese no es un acto de justicia social sino la explotación vulgar de quienes emigran a Cali bajo la promesa de un mejor futuro, de la facilidad de tomarse la tierra, lograr protección del Gobierno Municipal a sus necesidades y conseguir trabajo. Por el contrario, llegan a padecer la marginalidad, sin oportunidades laborales y sin obtener la asistencia oficial ante las limitaciones que crecen en la medida en que se aumentan los cinturones de miseria conformados por esos ‘asentamientos informales’.

Y la capital del Valle, amenazada por la superpoblación y la destrucción de su medio ambiente, debe soportar esas invasiones. Debe quedar claro que si se continúa por esa línea será imposible detener la inseguridad y los problemas de comunidades a las cuales no se les pueden satisfacer sus necesidades básicas, todo ello impulsado por un malentendido y en veces cómplice concepto de la solidaridad con los necesitados.