Justicia y política

El sorpresivo anuncio de la renuncia del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez a su curul como senador, es otro capítulo más de la mezcla entre justicia y política que ha marcado la vida pública de nuestro país en las dos últimas décadas. Sus consecuencias y la manera en que la dirigencia nacional las enfrente definirán gran parte del futuro de Colombia.

Dos aspectos deben destacarse de la llamada a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia al senador Uribe. El primero es la obligación de acatar y respetar el pronunciamiento del tribunal y sus próximas actuaciones, algo en lo que el propio expresidente se comprometió a hacer dentro de sus declaraciones. Es el aspecto judicial, base de nuestro Estado de Derecho, que obliga también a una actuación transparente de los jueces y a una vigilancia permanente de ellas por parte de todos los colombianos.

El otro es el aspecto político. Aunque la providencia que lo llama a indagatoria se refiere a actuaciones que según el comunicado de la Corte se produjeron el pasado mes de febrero, los desacuerdos y las vinculaciones entre el senador Uribe y organismos jurisdiccionales se iniciaron desde el momento en que él se desempeñó como gobernador de Antioquia, en 1995. Luego se agudizaron ente el 2002 y el 2010 cuando desempeñó la Presidencia de la República.

Han pasado más de veinte años y todavía existen procesos contra el exgobernador Uribe que aún no han sido cerrados. Y todo ha sido rodeado de polémicas, de declaraciones y acusaciones que han creado una innegable atmósfera de incertidumbres, alimentadas por las filtraciones de informaciones claves y la intervención de personajes de reconocida trayectoria en la política nacional. Precisamente, el proceso que está en curso se refiere a una denuncia del hoy sindicado contra el senador Iván Cepeda.

Aunque no hay certeza sobre si la renuncia ha sido presentada y aceptada, ya uno de los magistrados de la Sala de Instrucción número dos que adelanta el proceso contra el senador Uribe declaró a un medio de comunicación que la Corte perderá su jurisdicción sobre el caso, el cual pasará a la Fiscalía General de la Nación. Ese es otro aspecto a considerar dentro del complejo panorama que se ha creado, y que confirma la gravedad del momento que surge de llamar a indagatoria a quien sin duda es la figura más importante de la actividad pública y política de las últimas décadas en nuestro país, por presuntos delitos contra la administración de Justicia como la manipulación de testigos y el fraude procesal.

Son esas características las que llevan a reclamar absoluta transparencia y el respeto a su derecho a la defensa en el proceso que ha iniciado la Corte Suprema de Justicia contra el senador Álvaro Uribe Vélez. Sobre la base de que la ley es igual para todos los colombianos y que ninguna persona, incluyendo expresidentes o jueces de la República, está por encima de ella, es de esperar también que se actúe con la justicia, la prudencia y el respeto a las instituciones que se requiere para evitar radicalizaciones extremas y males mayores para Colombia.
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