“¡Juego limpio!”

Las reformas que plantea el proyecto de ley sobre política criminal y penitenciaria en Colombia siguen generando polémica. Un artículo, que abriría las puertas de la impunidad a delitos relacionados con el narcotráfico, es el nuevo motivo de discusión. En aras de la tranquilidad de los colombianos, debe quedar claro si ese es el propósito o si por el contrario se requiere modificar al documento para evitar suspicacias o que queden vacíos peligrosos en la legislación.

La alerta sobre lo que podría suceder si se aprueba el artículo octavo de la propuesta tal y como está redactado, la lanzó el Fiscal General de la Nación durante su intervención esta semana en la Comisión Primera del Senado. Para el jefe del ente investigador, el parágrafo final de ese articulado permitiría que un juez suspenda las penas a quienes incurran en delitos como la siembra de cultivos ilícitos; el tráfico, porte o producción de estupefacientes; destine bienes inmuebles para su fabricación, o transporte, use y tenga en su poder elementos que se utilicen para el procesamiento de drogas ilegales.

Si bien en el texto se condiciona la decisión a que los imputados ingresen al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y a que se trate de pequeños agricultores en situación de pobreza que deriven su subsistencia de ello, el espectro termina siendo tan amplio que por él se podrían filtrar fácilmente productores y traficantes. Es decir, toda la cadena del negocio maldito del que Colombia lleva décadas siendo la principal víctima.

Por ello las dudas del Fiscal General son válidas, más cuando es de todos conocida la posición del presidente Gustavo Petro sobre la política internacional de lucha contra las drogas, a la que ha descalificado una y otra vez en diferentes foros mundiales. También es claro el enfoque que pretende darle en lo nacional a ese negocio ilícito, causante principal de la violencia en el país y que deja una estela de muerte y terror en todos los rincones del territorio patrio.

Sin una política definida de sustitución de cultivos ilícitos o de transición hacia la que ha llamado “industrialización agrícola” de quienes se dedican a esas siembras ilegales a pequeña escala, pero sí con la decisión de reducir sustancialmente el número de hectáreas erradicadas este año, así como de abrir la compuerta de su ‘Paz Total’ para negociar con organizaciones criminales, incluido el narcotráfico, es apropiado preguntar si con los cambios al código penal y penitenciario en la reforma de ley presentada, se pretenda allanar también ese camino.

Los cuestionamientos del fiscal Francisco Barbosa deben tener respuesta del Gobierno Nacional. Como lo expresó en su intervención, “¡Juego limpio! Si el escenario es que se quiere la amnistía del narcotráfico en Colombia pues se tiene que decir, pero no se puede utilizar un mecanismo subrepticio para establecer un beneficio de esa consideración”.

Esa es la claridad que necesita y exige el país. Que se diga si el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilegales ya no van a ser castigados penalmente, y si el Estado claudica en su lucha contra el narcotráfico, que tanto mal le ha hecho al país.