Invasión disfrazada

Más de un año llevan los intentos de invadir áreas del río Pance en inmediaciones del corregimiento de la Viga y del corredor férreo. Ahora, los promotores de esa toma ilegal y dañina para la zona y sus habitantes, pretenden escudarse en la legislación indígena para consumar sus propósitos y apoderarse de tierras que pertenecen al municipio y a la Nación.

Así lo han dado a conocer los vecinos del sector, los dirigentes comunales y las familias que están siendo afectadas. Incluso, desde septiembre de 2018 se produjo la sentencia judicial que ordenaba el desalojo, durante el cual se presentó el infortunado incidente de un policía negándose a ejecutar una orden judicial. Y como si fuera poco, los invasores han perdido 37 tutelas con las que pretendieron que se les reconociera derechos inexistentes.

No obstante, la invasión ha continuado. Existen registros incontrovertibles sobre la construcción de más cambuches, incluso en un parque, las quemas indiscriminadas que destruyen la vegetación para hacerlo posible y la conexión ilegal con la cual toman energía de las redes de Emcali, en un claro desafío a la legalidad, a la Justicia y al derecho a la propiedad. Y está documentada la extensión de la invasión que ya se complementa con ventas informales en inmediaciones del puente sobre el río Pance en la avenida Cañasgordas que conduce a Jamundí.

Es toda una empresa ilegal para apoderarse de áreas públicas. Ahora, quienes promueven la invasión aducen ser miembros de un cabildo indígena que no existe ni es reconocido por el Ministerio del Interior, y usan una supuesta guardia indígena para ejercer controles ilegales y constreñir a los habitantes del sector. Todo indica que su objetivo es apoderarse del corredor del ferrocarril y obtener utilidades a costa de los bienes públicos.

Frente a ese reto a la legalidad ejercido por sus promotores, el Alcalde de Cali ha sido terminante en su rechazo a una acción que bajo ningún argumento puede ser justificada y sobre la cual existen múltiples pronunciamientos judiciales. Y así como en el Concejo Municipal ha sido denunciado por la concejal Diana Rojas, medios de comunicación como El País y Caracol radio han narrado lo que está sucediendo, publicando los documentos necesarios para demostrar el abuso que se está cometiendo.

Esa es sólo una muestra de la amenaza de las invasiones y, sobre todo, de los invasores profesionales que utilizan a la gente que tiene necesidades para apoderarse de espacios públicos y privados. Y de la lucha que debe realizar la ciudad para defenderse de quienes por todos los medios pretenden hurtar el patrimonio ajeno, disfrazando de solución social lo que en verdad es el despojo criminal de la propiedad pública o privada.

Las autoridades están en la obligación de actuar con decisión contra los autores de esos delitos, que están aprovechando la emergencia causada por la pandemia para invadir tanto en Pance y el sector de La Viga como en otros sectores de la capital vallecaucana. Es el deber de proteger a la ciudad y a sus habitantes de quienes pretenden enriquecerse burlando la ley.