Intimidación religiosa

Las persecuciones contra la comunidad católica en China no cesan. Así lo ha advertido El Vaticano, que lanzó críticas al gigante asiático en relación con la integración de sus fieles y exigió que “cesen las presiones intimidatorias contra la comunidad católica no oficial, como por desgracia está sucediendo”.

Lo paradójico es que estas preocupaciones llegan apenas nueve meses después de que China y El Vaticano firmaran un documento para la integración de la Iglesia Oficial, controlada por el gobierno, y la auténtica, legitimada por la Santa Sede, que vivió durante décadas en la clandestinidad y fue perseguida por el régimen comunista. El acuerdo ponía fin a años de conflicto y abría la esperanza de avanzar hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados, rotas desde 1951 cuando fueron expulsados del país el Nuncio Apostólico y sus misioneros.

Ahora El Vaticano cuestiona que los avances no se están dando como se esperaba. Las autoridades chinas continúan con prácticas intimidatorias, en las que piden a los sacerdotes las listas de los fieles católicos, además de obediencia a las leyes chinas y alinearse con la iglesia oficial, lo que ha obligado a la Santa Sede a recordar que la máxima autoridad sigue siendo el Papa.

Las críticas se han extendido porque después de la firma del acuerdo se removieron las estatuas del gran santuario dedicado a Nuestra Señora de los Siete Dolores en la provincia de Shanxi, ya que según los funcionarios chinos había demasiadas imágenes. Los feligreses también han denunciado que algunas de sus iglesias han sido derribadas con el pretexto de hacer desarrollos inmobiliarios y que los menores de edad tienen prohibido entrar a los centros religiosos.

Después de conocer estos hechos, El Vaticano pidió respetar la libertad de conciencia y recordó “que nadie puede ser obligado a dar un paso que no tiene la intención de realizar”. Sin embargo, no está claro que el régimen tenga intención de cambiar su recurrente práctica persecutoria contra quienes profesan una religión. Las denuncias no provienen solo de los católicos. Musulmanes chinos, pequeñas comunidades judías, tibetanos y congregaciones cristianas también están bajo asedio.

Lo que no se entiende es por qué el régimen golpea a los creyentes, como en el caso de los católicos, que no se oponen a la ideología oficial del Estado. La gran mayoría acepta vivir bajo el régimen comunista y lo único que buscan es que se les permita practicar su fe en paz, un derecho que está supuestamente garantizado en la Constitución de la República Popular China.

Por ello resulta tan importante el reclamo hecho por El Vaticano para que se cumpla el acuerdo del año pasado, cuyo contenido sigue sin publicarse. La comunidad católica china, que alcanza doce millones de personas, merece ser respetada y vivir en paz bajo su fe, que se sale del control estatal, luego de tantas décadas de división y persecución.
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