Graves denuncias

Las denuncias del vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, sobre la presencia de organizaciones transnacionales en Cali son de la más extrema gravedad. Por ello se deben investigar con rigor, ya sea para descartar que esté sucediendo o, en el peor de los escenarios, para corroborar la situación y enfrentarla como debe ser. La seguridad de la capital del Valle y de sus habitantes está en riesgo.

No son nuevos los rumores sobre el interés que tienen en el suroccidente del país narcotraficantes de México y grupos de delincuencia organizada de Venezuela, específicamente. Cali, al ser la principal ciudad de la región, es por lo tanto el epicentro natural en el que buscarían asentarse para coordinar sus acciones o para desestabilizar el orden público, con lo cual facilitarían sus fines últimos.

Según las declaraciones entregadas a este diario por Fajardo, el Clan de Sinaloa y el Tren de Aragua estarían contratando a bandas delictivas de la ciudad para perpetrar crímenes y expandir el microtráfico. Además, la agrupación venezolana manejaría el negocio del transporte ilegal en la ciudad, recurriendo a las amenazas para imponer sus reglas y ordenando los ataques a los buses del Sistema Masivo, MÍO, que han sido constantes desde los violentos bloqueos organizados en Cali en 2021. Al punto que, solo en lo corrido de este año, van 500 ataques contra vehículos de ese sistema.

Son acusaciones muy serias que no se pueden ignorar. De comprobarse la injerencia de esas mafias en la capital del Valle, de manera directa o través de terceros, se explicaría en parte por qué es la ciudad de Colombia con los índices más altos de homicidios, con una tasa del 42,09 por cada 100 mil habitantes.

También sería una de las razones por las cuales ha fallado la estrategia de las autoridades locales para acabar con la piratería, que además de representar un peligro para quienes lo utilizan y constituir una competencia desleal para el transporte formal, es un negocio muy lucrativo al que no renunciarán fácilmente las mafias que están tras él.

Por la gravedad que representan, tanto la Administración Municipal, como la Policía Metropolitana y los organismos de seguridad del Estado deben atender las denuncias del Vicedefensor del Pueblo. Más que exigir respeto por la ciudad, asegurar que se trata de informaciones falsas o alarmistas y confrontar al funcionario del Ministerio Público, como lo ha hecho el señor Alcalde, lo prudente es investigar qué sucede.
Es imposible negar que Cali tiene serios problemas de seguridad y que estos son provocados en buena parte por estructuras de delincuencia organizadas.

Si existen pruebas que confirmen las sospechas, hay que actuar en consecuencia para desmantelar las bandas locales que actuarían en complicidad con esas organizaciones transnacionales del crimen, de las que ya se ha detectado alguna presencia en el sur del Valle, el norte del Cauca y en la Capital de la República.

Nada peor que permanecer indiferentes o no reaccionar como es debido frente a lo que son declaraciones de un funcionario del más alto nivel del Estado, cuya función es defender los derechos de los ciudadanos y las comunidades.