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¿Gestores de Primera Línea?

Se debe recordar que de los miles de jóvenes detenidos durante esas protestas, se iniciaron procesos contra 305 de ellos, a quienes la Fiscalía General de la Nación y los jueces les encontraron méritos para ser juzgados, entre otros por delitos como tortura, secuestro, concierto para delinquir, fabricación y porte ilegal de armas o sustancias prohibidas, y agresión a servidores públicos.

5 de diciembre de 2022 Por: Editorial .

El anuncio del presidente Gustavo Petro de liberar “antes de Nochebuena a centenares de jóvenes detenidos en las protestas”, produce inquietudes que requieren claridad por parte del Ejecutivo. La principal es cómo se resolverá la que en principio parece una intervención directa en asuntos que le competen de manera exclusiva a la Justicia.

El Mandatario de los colombianos lanzó la noticia el sábado anterior en la ciudad de Pasto, durante una reunión con presidentes de las Juntas de Acción Comunal. En su discurso reivindicó la protesta como un derecho democrático, dijo que los jóvenes detenidos durante las manifestaciones adelantadas en el país en los años recientes “solo se expresaban”, y de nuevo defendió la intención de su gobierno de buscar su libertad.

En ello se ha empeñado el presidente Petro desde el inicio de su mandato, como lo confirman los intentos, hasta ahora fallidos, de incluir en proyectos de ley presentados ante el Congreso el perdón o la amnistía a los integrantes de la llamada Primera línea. Quienes hoy se encuentran detenidos o sobre quienes pesan órdenes de captura, están acusados y algunos condenados por liderar los hechos violentos en que derivaron las marchas del 28 de abril del 2021, que en el caso de Cali se prolongaron durante sesenta días, provocaron la parálisis de la ciudad y tuvieron consecuencias sociales y económicas de las que aún no se ha recuperado.

Se debe recordar que de los miles de jóvenes detenidos durante esas protestas, se iniciaron procesos contra 305 de ellos, a quienes la Fiscalía General de la Nación y los jueces les encontraron méritos para ser juzgados, entre otros por delitos como tortura, secuestro, concierto para delinquir, fabricación y porte ilegal de armas o sustancias prohibidas, y agresión a servidores públicos. Por igual, hay integrantes de la Fuerza Pública bajo investigación por los excesos o abusos que pudieron cometer.

Es a esos jóvenes a quienes el Presidente pretende liberar a como dé lugar, incluso desconociendo un principio esencial de la democracia como es la separación de los poderes públicos. Como suele suceder, luego del anuncio de Gustavo Petro, alfiles suyos como el Ministro del Interior debieron salir a calmar la marea, a explicar que se trata de un proyecto, que deben aún reunirse con la Fiscalía para conciliar la propuesta, que no se trata de darles amnistía o perdón porque los procesos judiciales continuarían, y que, en todo caso, se analizaría cada caso individualmente.

Mientras tanto, se insiste en que quienes sean puestos en libertad serán ‘gestores de paz’, una figura que aún no se explica como es debido ni tiene claros lineamientos, pero que ya la ha usado el actual Gobierno para, por ejemplo, sacar de la cárcel a alias Violeta, condenada por el atentado al Centro Comercial Andino en Bogotá, y quien ahora hace parte de la mesa de diálogos con el Eln.

Los anuncios del Presidente han generado rechazo e inconformidad en buena parte de la sociedad. Sobre todo, existe preocupación por la injerencia indebida que estaría realizando el Gobierno en asuntos que son de competencia exclusiva del Poder Judicial, que ponen en entredicho la separación de los poderes públicos, que es pilar de la democracia en Colombia.

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