¿Extradición enredada?

Mal ejemplo están dando los tribunales de justicia en Colombia con el accidentado proceso de extradición a Estados Unidos de quien es considerado el más peligroso narcotraficante de los últimos años y el jefe de una de las organizaciones criminales más tenebrosas de nuestro país. De nuevo, la maraña de sentencias, autos, tutelas y pronunciamientos se atraviesan contra el deber de hacer rendir cuentas al delincuente.

Se trata de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Cabeza del que llaman cartel del golfo, antes el clan Úsuga o clan del golfo, el tenebroso personaje fue capturado por la Fuerza Pública luego de un operativo gigantesco de varios años, la utilización de miles de servidores públicos y el uso de ingentes recursos logísticos militares y económicos. Antes y después de su captura se ha llevado a cabo un constante operativo contra una organización que ha producido y exportado miles de toneladas de cocaína, aliada con los carteles mexicanos, los dueños del negocio.

Esa característica hizo priorizar la extradición de alias Otoniel por encima de los juicios que deben adelantársele aquí, no obstante el inmenso daño que le ha causado a la sociedad colombiana y la alucinante cadena de delitos que ha cometido en nuestro país. Y como ha ocurrido en múltiples ocasiones anteriores, la decisión, que es ante todo de tipo administrativo y no implica suspender o eliminar los procesos que la jurisdicción adelanta contra él, se tomó luego de aplicar el debido proceso.

Lo cual incluye un concepto de la Corte Suprema de Justicia que ya reconoció el cumplimiento de la ley en esa extradición. No obstante, esa decisión ha pasado por varias otras instancias como la Justicia Especial de Paz que aún lo reclama para que rinda su versión a pesar de no reconocerlo como merecedor de la justicia restaurativa y sus ventajas. Y ahora, es el Consejo de Estado el que suspende el trámite hasta que sus integrantes resuelvan una tutela interpuesta por un grupo de personas que alegan ser víctimas de Úsuga y de sus esbirros.

Es decir, el máximo tribunal de la justicia administrativa suspende una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y entre tanto, crecen las especulaciones que hablan de un intento por impedir que el criminal, al cual le espera una severa sentencia en el país norteamericano, diga la verdad sobre sus fechorías, sus cómplices y sus colaboradores dentro de las autoridades.

Al parecer, es mejor sembrar la duda sobre el procedimiento y no obstante que la Justicia estadounidense y el mismo tratado aseguran la colaboración que sea necesaria para que ‘Otoniel’ rinda testimonio ante los jueces colombianos en las cárceles donde pague su condena. Así, la extradición del jefe del Cartel de la Costa, exportador de miles de toneladas de cocaína y promotor de la violencia, está hoy inmerso en un berenjenal jurídico, explicable por el leguleyismo que impide la aplicación rápida y cumplida de la justicia.

Pueda ser que se produzca de manera rápida el último fallo del Consejo de Estado, con lo cual culminará el proceso para ponerlo ante los jueces de los Estados Unidos.