Explicación necesaria

Crece el reclamo de los gobernadores ante el incumplimiento de las promesas sobre construcción de treinta mil aulas escolares en todo el país a través de un Fondo manejado desde la capital de la República. Ante ello, la respuesta de los autores de esa peculiar iniciativa y los administradores del citado fondo, brillan por su ausencia.

Lo cierto es que el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa creado en el 2016 por el Consejo Nacional de Política Económica y Social es hoy un fracaso estruendoso en materia educativa y un descalabro financiero que reclama responsables. Ya es claro que de las treinta mil aulas que se anunciaron con la puesta en marcha del Ffie, sólo se han realizado dos mil, menos del 7% de lo prometido y de ellas sólo se usan doscientas. Y que son más de trescientos mil estudiantes los que están hacinados en todas partes del país púes sus colegios fueron demolidos, debido al incumplimiento de los contratistas y lo que ya puede calificarse como la frustración más grande de la educación en Colombia.

Y si bien se dice que dos billones seiscientos mil pesos de los tres billones doscientos mil pesos que costaba el proyecto, están en una fiducia, esa afirmación no justifica el daño que se le ha causado a los cientos de miles de estudiantes y a las decenas de municipios y departamentos que han padecido la frustración de ese descalabro. Más aún, a departamentos como el Valle que entregó al Ffie diecisiete mil millones de pesos, aún no se le da razón de lo ocurrido ni parecen existir posibilidades de que se le devuelvan los recursos.

A cambio, el Ministerio de Educación reconoce el “riesgo alto” de que se pierda el 55% de las obras contratadas, mientras se han producido cancelaciones de los contratos mediante acuerdos con los contratistas, entre los cuales se destacan los celebrados con la firma Mota-Engil y el señor Germán Mora por el 48% de las obras a construir. Y al parecer, no hay quién responda en el Fondo fracasado, ni alguien que dé una luz sobre cómo se va a proceder para cumplir con una promesa formalizada por el Conpes, una de las más altas instancias de la administración pública.

Tampoco se sabe si están en marcha los procedimientos para que los autores del ambicioso proyecto hoy convertido en fiasco respondan por ello, ni qué sucederá con los recursos comprometidos y entregados por los departamentos. Total, la incertidumbre parece ser la respuesta a las quejas que se presentan desde las familias de escasos recursos que necesitan del apoyo del Estado para educar a sus hijos, y hoy deben registrar con impotencia lo que está sucediendo.

Ya es hora de que se les explique a los colombianos en qué condiciones está el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y cómo se hará para cumplir el compromiso de construir las doce mil aulas que se anunciaron en el 2017, menos de la mitad de las treinta mil que ofrecieron al comienzo. Y de deshacer el enredo que se armó al aplicar el centralismo a una decisión que involucró recursos importantes de las regiones que corresponde a los departamentos.