Errores que confunden

"Es de esperar que el Gobierno Nacional aplique los correctivos necesarios para despejar la incertidumbre. Y confiar en que los nuevos avalúos vehiculares respondan menos al afán alcabalero o a estudios que no consultan la realidad y más a la sensatez que han demandado los colombianos en una decisión que afecta su vida diaria".

Luego de la decisión que emitió el Consejo de Estado suspendiendo la norma, el Ministerio de Transporte debió acatar la resolución que cambió los avalúos con los cuales se calculan los impuestos a los vehículos en Colombia. Y si bien se anuncia que en breve plazo se publicará un nuevo decreto que susbsane los problemas causados por la polémica medida, queda en el aire la sensación de que se está improvisando en tan delicada materia.La resolución que produjo el revuelo y las posteriores demandas nació con graves errores. El primero de ellos fue el estudio que sirvió de base para cambiar el sistema mediante el cual se establecía el impuesto a pagar. A pesar de las críticas y de las advertencias que demostraban cómo los automóviles usados podían llegar a valer más que los nuevos, no existió la posibilidad de que el Ministerio escuchara los reclamos, en muchos casos justos, de los gremios, asociaciones y ciudadanos.Como lo dijo el Alto Tribunal al suspender de manera provisional la resolución 5358 del 30 de noviembre de 2015, nunca existió una divulgación efectiva para que los ciudadanos fueran enterados con suficiencia acerca de los cambios a un tributo que afectará a los millones de propietarios de automóviles. Pero debe agregarse que éstos nunca fueron escuchados sobre los errores y absurdos que presentaba la norma hoy derogada por el Gobierno Nacional.El resultado es la confusión que existe sobre un asunto que afecta a muchos colombianos. Es que hoy no se sabe cuál es el impuesto a pagar porque no hay avalúos, además de que el Ministerio suspendió las transacciones de los vehículos usados. Por su parte, en el Valle y los demás Departamentos se aplazó el trámite de liquidación y pago, lo que significa que ingresan a la lista de damnificados por la forma en que se ha manejado el asunto en el Gobierno Central.Como consecuencia, el problema seguirá latente hasta tanto se cumplan los plazos que fijó el Ministerio de Transporte para expedir la nueva resolución. Pero vuelve a aparecer la duda sobre el criterio técnico que se usará para recalcular los avalúos. Otro aspecto no menos preocupante es que en la próxima norma se incluyan razones como la inflación para aumentar los avalúos, lo que de hecho significará un incremento que se opone a la desvalorización que se produce en el mercado.¿Qué pasará entonces con el también polémico estudio que dio origen a la resolución demandada y luego derogada? Esa y otras muchas preguntas son la consecuencia de las equivocaciones que se han cometido en una actuación del Estado que afecta a toda la sociedad y crean inconformidades justificadas. Además de paralizar un mercado importante para la economía, la confusión afecta las finanzas de los Departamentos y el bolsillo de los contribuyentes. Por eso, es de esperar que el Gobierno Nacional aplique los correctivos necesarios para despejar la incertidumbre. Y confiar en que los nuevos avalúos respondan menos al afán alcabalero o a estudios que no consultan la realidad y más a la sensatez que han demandado los colombianos en una decisión que afecta su vida diaria.