Enemigo que crece

El control a la minería ilegal en el Valle es en una lucha que no se ha podido ganar pese a los esfuerzos que hacen las autoridades. Si el plan para ponerle fin a esa actividad que tanto daño ambiental y social causa no ha funcionado, es urgente cambiar de estrategia.

Las operaciones realizadas en días recientes por las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y las entidades ambientales regionales demostraron que se está muy lejos de erradicar la minería ilegal en el Departamento. Si se pensaba que lo peor ya había pasado en Zaragoza, donde la extracción ilícita de oro destruyó en menos de cinco años el cauce del río Dagua y afectó una de las cuencas vitales del Pacífico vallecaucano, ahora se sabe que el negocio simplemente se desplazó de lugar.

Las imágenes satelitales confirmaron las denuncias que desde hace un par de años realizaron comunidades de la zona sobre la llegada de maquinaria pesada y el desplazamiento de mineros a las quebradas La Sierpe y La Brea, en zona de reserva natural de Buenaventura. El panorama es similar al que presentaba hace cuatro años el río Dagua: socavones profundos en los lechos de esas corrientes hidrográficas, la selva a su alrededor arrasada y asentamientos humanos que antes no existían.

Cuando aún no concluían los operativos en el litoral Pacífico, la Dirección de Parques Nacionales anunciaba el hallazgo de 24 socavones activos de minería ilegal en los Farallones de Cali. Con ello se confirmó que ni la presencia del Batallón de Alta Montaña, ni las acciones de las entidades ambientales han sido suficientes para impedir la explotación de recursos naturales, la devastación y la contaminación de la más importante reserva natural del sur del Valle, donde nace la mayoría de fuentes de agua que abastecen la región, incluidos seis de los siete ríos caleños.

Si a esto se suma la alerta emitida por los organismos de seguridad sobre la llegada al Departamento de mafias internacionales dedicadas a la extracción ilícita de oro, la situación se complica más y se vuelve peligrosa. Frente a la minería ilegal no caben acciones aisladas o esporádicas, ni se pueden permitir las concesiones a quienes se oponen al control legítimo que está obligado a ejercer el Estado para proteger sus recursos naturales.

No se entiende, por ejemplo, por qué siguen sin instalarse todos los retenes ambientales prometidos a las entradas a los Farallones. O cómo aún hay socavones abiertos cerca a la doble calzada a Buenaventura, que afectan esa infraestructura y ponen en riesgo la vía que comunica al principal puerto colombiano. Reconociendo el esfuerzo de las autoridades para enfrentar la minería ilegal en el Departamento, la estrategia no está funcionando como debe ser.

Para impedir la expansión de esa actividad ilícita se necesitan acciones permanentes y un verdadero ejercicio de autoridad, entre otras razones porque detrás de ese negocio están organizaciones criminales a las que no les amedrenta que les destruyan la maquinaria o les pongan comparendos ambientales. Al Valle no se le puede dejar solo resolviendo un problema que si bien lo afecta de manera directa, también destruye la tranquilidad del país y recursos naturales vitales para toda la Nación.