En el inframundo

La espantosa masacre ocurrida en la cárcel de Guayaquil es una muestra más de hasta dónde llega la crisis de los sistemas carcelarios en gran parte de América Latina. Y de cómo es de urgente la acción del Estado para evitar el drama que ocurre en los centros penitenciarios.

Ciento ocho asesinados en la cárcel de Guayaquil, que se suma a una cifra parecida que se produjo en Ecuador hace algunos meses; la frecuente explosión de violencia en las penitenciarías del Brasil o de Venezuela y el hacinamiento que convierte a las cárceles de Colombia en bombas de tiempo, son la demostración del fracaso de un sistema penal y penitenciario que se limita a sacar de la sociedad a quienes sean acusados o condenados por violar los códigos penales. Es como si los gobiernos se limitaran a sacar de la sociedad a esas personas, sin ofrecerles posibilidades de resocialización.

Los argumentos son los mismos en todos los casos: falta de recursos que impide atender esos centros de reclusión, aumento de la criminalidad y de la acción de las autoridades para capturar a sus autores que genera más detenidos, morosidad de la Justicia para resolver la situación de las personas imputadas o condenadas. Como resultado, las cárceles se convierten en una especie de inframundo, donde las limitaciones de las guardias terminan dando paso a la constitución de organizaciones criminales que toman el control real de las prisiones.

Y de pronto se producen estallidos de violencia a causa de las confrontaciones entre esas organizaciones como ocurrió en Guayaquil, o debido a protestas en muchos casos justas por el abandono, el maltrato y el desconocimiento de sus derechos más elementales, como es la alimentación, la higiene y la definición pronta de su situación jurídica.
Entonces, las autoridades deben acudir presurosas y tratar de apagar la conflagración, prometiendo reformas que nunca se cumplen.

Parece un contrasentido que el éxito de los organismos policiales en la persecución a los delincuentes y la defensa de la sociedad se transforme en un drama porque no hay dónde alojar a los detenidos, como sucede en Colombia. Entonces se toman decisiones como otorgar la casa por cárcel a los delincuentes, lo que devuelve a las calles a los criminales, o dejarlos a merced de las bandas que dominan las cárceles. Impunidad o más crimen en vez del cumplimiento del deber de ofrecer sitios de reclusión donde se respeten los derechos humanos, se pueda ejercer un control efectivo y se evite el fortalecimiento del crimen que surge de allí, parece ser la respuesta oficial a una crisis que afecta de manera directa a todos sus ciudadanos.

Hoy, Ecuador está en medio de un debate y de una tragedia en la cual se perdieron más de cien vidas humanas cuya protección está en manos del Estado. Pero, como pasa también en Colombia, en el Brasil, en Venezuela y otros países, las respuestas definitivas no aparecen. Por ello, las cárceles siguen siendo focos de conflictos, reproductoras de la delincuencia, dominios de grupos de violencia y escenario frecuente de dramas terribles como el de la cárcel de Guayaquil.