El Senador y la Corte Suprema

La captura del senador Mario Castaño, acusado por la Corte Suprema de Justicia de corrupción a través de una organización que manipulaba la contratación en todo el país, demuestra la debilidad del Estado para luchar contra el peor enemigo de la democracia. Y enseña hasta dónde es necesario adoptar medidas efectivas para combatir uno de los grandes enemigos de las regiones y de la credibilidad en sus instituciones.

La trayectoria del señor Castaño se inició en un modesto cargo de la industria licorera de Caldas, siguió con su ascenso a través de las organizaciones sindicales y culminó con un imperio que maneja la producción y distribución de licores, la renta departamental que se pelea el clientelismo para financiarse y nutrirse de prebendas. Esa debilidad es imposible de romper pues los cargos directivos de esas entidades son provistos casi siempre por razones distintas a la idoneidad, y las contralorías departamentales son parte del entramado que se reparte el poder en las regiones.

Pues, según el expediente de la Corte, el hoy acusado aprendió en detalle el manejo de ese monopolio. Y fue elaborando una red que desde 1995 intervino en las licoreras de Caldas, Chocó, Valle, Cauca, Nariño y Tolima, logrando la complicidad de muchos gerentes y no pocos gobernadores, apoderándose de sus contratos de distribución e influyendo en campañas, en nombramientos y en elecciones donde se definía las personas que después tenían el poder de adjudicar contratos.

Muchos miles de millones circularon entonces a través de la organización que, como podía esperarse, se expandió a otros rubros de la contratación oficial. Una mancha que fue cubriendo grandes áreas de la actividad en los departamentos a través de sus ingresos propios y en muchas ocasiones recurrió a la amenaza, según se desprende de los procesos que originaron la captura de varios de sus integrantes.

Y al parecer, la cabeza de esa organización es el senador Castaño, quien se hizo reelegir con una generosa votación el pasado 13 de marzo, no obstante las sindicaciones en su contra, además de mantener un poder inocultable y definitivo en el partido que le otorgó el aval sin revisar su prontuario judicial ni escuchar las acusaciones que lo rondaban. A partir de ahora se inicia el proceso para juzgar al acusado y a quienes son señalados de ser sus cómplices, con lo cual, la Justicia toma decisiones después de más de veinte años de impunidad.

Pero no habrá un responsable político, salvo el acusado. Y tampoco se producirán las reformas que se necesitan para proteger los cada vez más disminuidos patrimonios y rentas de departamentos y municipios, y tener cómo detener a tiempo la sangría que se queda con gran parte de esos preciados y escasos recursos.

La foto del senador Castaño capturado por el CTI de la Fiscalía y esposado por orden de la Corte Suprema, puede servir de escarnio por las fechorías de las cuales se le acusa. Ojalá sea también el inicio de una cruzada para defender a las regiones de las organizaciones que se apoderaron de unas entidades territoriales huérfanas de protección y a merced del clientelismo y la corrupción