El riesgo de una caja vacía

A los problemas fiscales que enfrenta el Gobierno Nacional, en el corto y mediano plazo, ahora se suma otro que han venido advirtiendo los economistas.

Esto es la posibilidad de que el Estado se quede sin liquidez, con una caja en niveles críticos que amenaza con comprometer no solo la estabilidad de las finanzas públicas sino también la confianza de empresarios, inversionistas y ciudadanos.

La situación no es menor. Para un gobierno, la caja es el oxígeno que le permite pagar sueldos, pensiones, transferencias y garantizar la continuidad de los programas sociales. Sin ese flujo mínimo de recursos, el aparato público corre el riesgo de paralizarse.

De ahí las alertas que surgen desde diferentes sectores. El Comité Autónomo de Regla Fiscal avisó que la disponibilidad de caja en pesos se ha mantenido cercana a mínimos históricos en lo corrido del 2025.

Un primer escenario que se abre si esta situación escala es el de los retrasos en los pagos esenciales. Basta imaginar un aplazamiento en el giro de salarios a funcionarios públicos o en el pago de pensiones: la consecuencia inmediata sería la indignación social y el debilitamiento de la confianza en el Estado. En un país con un clima de polarización y protestas recurrentes, este escenario podría convertirse en el catalizador de una crisis mayor.

Otro riesgo evidente es el de la inversión. La falta de liquidez del Gobierno se traduce en mayores tasas de interés para financiarse, lo que a su vez encarece el crédito y frena sectores como la construcción y la infraestructura.

Todo esto es producto del desfase que mantiene el Estado entre ingresos y gastos, de ahí los reiterados llamados a la reducción algunos rubros de ese gasto como la contratación de personal, dado que muchas otras erogaciones son inflexibles.

Colombia necesita un ajuste responsable y urgente. No se trata de recortar programas sociales, sino de ordenar prioridades, garantizar eficiencia en el gasto y abrirse a un debate serio sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Porque una caja vacía no solo es un problema contable: es la antesala de una crisis de gobernabilidad. Y si el Gobierno no lo entiende, será el país entero el que pague las consecuencias.

Aunque, recientemente el Gobierno emitió bonos en euros, que fueron bien acogidos por los inversionistas, y que darían un respiro en materia de liquidez, el país no puede estar supeditado a acudir a medidas de última hora para tapar huecos.

Ello implica que de cara al presupuesto del 2026 que se discute en el Congreso, y que tiene en este lunes un día crítico, exista la posibilidad de alcanzar un consenso con el Congreso.

Sino es así, como se teme, vuelve a quedar en manos del presidente Petro la posibilidad de expedir por decreto el presupuesto del próximo año, que a todas luces está desfinanciado y que quedaría de esa manera, teniendo en cuenta que hay poca probabilidad de que el Congreso pase la ley de financiamiento o reforma tributaria.

Es hora de que el Gobierno piense en el impacto que estas decisiones están dejando en los colombianos. La ley de financiamiento implica más impuestos que los hogares tendrán que asumir, cuando se podría analizar el ajuste de gastos que una parte del país está pidiendo. Esto sin contar los riesgos que hay de que el Estado se quede sin liquidez.