El reto del crimen

Poblaciones antes alejadas de la violencia en el norte del Cauca hoy son víctimas del terrorismo, mientras veredas pertenecientes a municipios cercanos a Cali son objetivo militar. Llámense Eln, disidencias de las Farc o el nombre que se les quiera dar, esas organizaciones están causando daños a miles de personas y sembrando el miedo entre colombianos pacíficos, dedicados al trabajo y respetuosos del Estado de Derecho.

Lo contrario es lo que están haciendo de manera sistemática y durante varios años quienes ponen bombas como la que explotó en inmediaciones del comando de la Policía de Padilla, o la que fue desactivada en el Queremal, jurisdicción de Dagua. O los que promueven las invasiones abusando de la supuesta representación de las comunidades indígenas de la zona y sin que hasta la fecha hayan sido judicializados como corresponde. Y poniendo en alto riesgo a los habitantes de los municipios de Miranda, Corinto, Caloto, Santander de Quilichao y Suárez en el departamento del Cauca, así como Jamundí en el Valle.

Detrás de eso están los intereses ligados al narcotráfico que utiliza esa franja para producir y transportar toda clase de estupefacientes. Un enorme negocio que también está detrás de los ataques frecuentes ya en la capital del Valle y trata de apoderarse de la cordillera occidental, amenazando a los miles de ciudadanos que habitan la región que llega hasta el océano Pacífico.

Ahora procedieron contra Padilla, municipio que fue víctima de un atentado terrorista que por fortuna no dejó víctimas humanas, aunque sembró el pánico entre sus moradores. Y ya no debe importar los móviles de los criminales ni las razones para ejecutar el atentado: basta recordar que con ello pusieron en peligro la vida, honra y bienes de colombianos respetuosos de las leyes.

Todo ello llama a pensar en la necesidad de una acción clara del Estado para defender una región a la cual está cercando la delincuencia. Si bien la Fuerza Pública ha realizado esfuerzos con resultados que deben ser reconocidos, lo que está sucediendo en la región está dando a entender que el Estado en su conjunto no está haciendo lo necesario para impedir el avance de la criminalidad que tiende un cerco de terror y violencia en el norte del Cauca y avanza por las cordilleras vallecaucanas.

Antes de que sea tarde, hay buscar soluciones que terminen con el acoso de las organizaciones criminales que siembran el miedo, destruyen la industria y la agricultura que generan empleo a cientos de miles de colombianos, garantizando la concordia, el orden y la convivencia. Y deben ser soluciones definitivas que acaben de raíz con la amenaza que no parece ver en toda su magnitud un centralismo para el cual todo parece solucionarse con el envío de militares y policías, mientras la ausencia de justicia y de la autoridad que respalda la Constitución está cada vez más distante de las realidades que están padeciendo miles de colombianos.

Es el reto de la violencia organizada, al cual hay que responder con las medidas que autoriza el orden jurídico para defender los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos.