El reclamo del Chocó

La Conferencia Episcopal de Colombia le solicitó al Gobierno Nacional una reunión urgente para escuchar el reclamo continuo de las comunidades del Chocó sobre la tragedia que padecen a raíz de la presencia de organizaciones criminales y el drama que significa la pobreza y la falta de oportunidades para los habitantes de ese departamento. Es un llamado que debe ser escuchado por el Estado para encontrar salidas a una crisis eterna que se agrava de manera constante sin que se encuentren las soluciones que demandan los miles de colombianos que habitan esa región.

La carta es una manera de pedirle al gobierno central que ponga sus ojos sobre un pedazo de Colombia donde existe el nivel más alto de desempleo y pobreza del país, y en el cual están concentrados los actos de los violentos por imponer su dominio, atacándose entre sí o, más grave aún, sometiendo a las comunidades a toda clase de vejámenes, incluyendo el asesinato, el desplazamiento y la destrucción de su medio ambiente. De otra parte, los problemas crecen en la medida en que la corrupción y el clientelismo consumen los recursos con que cuentan el departamento y los municipios para atender las necesidades de la población.

Esa realidad, que está consignada en investigaciones e informes presentados por toda clase de organizaciones y líderes de la región, es innegable. Y no puede ser desconocida, así en algunos casos se hayan usado términos que tienen una intención inocultable de descalificar al Estado o a la Fuerza pública que hace todos los esfuerzos posibles por cumplir con su deber de proteger a los habitantes del Chocó y de asegurar el imperio de la ley y los derechos allí.

Lo cierto es que, como lo han expresado los voceros de la comunidad chocoana, la crisis está creciendo y no se resolverá solo con el ejercicio de la fuerza legítima. Ya la defensoría del Pueblo reconoció que una alta proporción de los habitantes del Chocó está amenazada por la violencia, y que los índices de pobreza están en niveles alarmantes. Todo ello se traduce también en el desplazamiento silencioso de comunidades enteras como las que llegaron hace poco al Valle en busca de protección.

La situación es evidente y no puede llevar a la confrontación y los desmentidos públicos que confunden y desvían el tratamiento que se le debe dar a una crisis imposible de ocultar. Por el contrario, lo que debe hacerse es escuchar con atención los reclamos, que no son nuevos, y empezar a buscar las soluciones definitivas. Es innegable que el Chocó ha padecido como pocas regiones las crónicas deficiencias de un Estado centralista que se apoya en débiles instituciones departamentales y locales y no llega como corresponde a atender los problemas de padecen quienes habitan ese departamento.

El Chocó necesita ser escuchado y la difícil situación de sus habitantes exige respuestas. No es un asunto de acusar a la Fuerza Pública que realiza un gran esfuerzo, pero tampoco de desconocer el reclamo que lleva a la Conferencia Episcopal de Colombia a solicitar un diálogo donde el Gobierno Nacional y las demás instituciones del Estado atiendan a los chocoanos.