El precio de la burla

Tres mil millones de pesos para quien entregue información que permita la captura de alias Jesús Santrich acaba de ofrecer el Gobierno Nacional. Es el otro paso de una larga y compleja burla que ha causado graves daños a la credibilidad del acuerdo de La Habana.

Así termina una discusión que lleva muchos meses y en los cuales se ha cuestionado la actuación de todas las instancias judiciales posibles al dejarlo en libertad y reconocerle la investidura como Representante a la Cámara. Es ‘Santrich’ adquiriendo el papel de víctima frente a pedidos de extradición por haber cometido delitos de narcotráfico después del primero de diciembre de 2016. Es el exnegociador de las Farc en la capital de Cuba que moviliza a la dirigencia del partido Farc y de quienes creían en su inocencia para exigir que se le ofrezcan todas las garantías y se le respeten sus derechos.

Todo ello se fue a la caneca de la basura cuando él decidió irse a un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Tierra Grata, Guajira, saltar una tapia y evadir las responsabilidades que le corresponden en el proceso de paz que negoció, y aquellas que surgieron a partir de las acusaciones y pruebas que existen en su contra. A partir de ese momento, y de su no comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, Sexis Pausis Hernández es un delincuente común más que debe ser buscado por las autoridades.

Del monto de la suma ofrecida por el Gobierno se puede deducir en qué grado de peligrosidad es considerado ‘Santrich’. De los comunicados del partido Farc y las declaraciones de sus directivas se puede colegir el daño que le ha ocasionado a la causa política que ellos defienden, burlando los compromisos que adquirió como integrante de ese partido.

Es lo mismo que está aconteciendo con personajes como ‘Iván Márquez’, el jefe de la delegación que durante cinco años negoció con el Gobierno el fin del conflicto con ese grupo. Antes que una denuncia por incumplimientos, queda cada vez más claro que el objetivo de éste y algunos otros de sus compañeros no era hacer lo posible por conseguir la paz para Colombia.

Esa posición contrasta con la actitud de quienes desde el nuevo partido han dado demostración de su compromiso con el proceso. A pesar de los hechos que han denunciado sobre persecución e incumplimientos, ellos persisten en su propósito de cumplir con lo acordado. Lo cual da pie para reclamar que se les proteja a ellos y a los más de once mil desmovilizados y se les den las garantías necesarias para que puedan reintegrarse a la sociedad.

Por supuesto, ellos deberán cumplir sus obligaciones con la Justicia Especial de Paz, como fue lo pactado en La Habana. Y así sea difícil de digerir, los colombianos tendremos el deber de respetar sus decisiones y de brindar seguridades a quienes decidieron dejar las armas y dar fin a su violencia. Eso es el sentido de una negociación de paz.

Y a ‘Santrich’, tanto como a todos quienes desconozcan los acuerdos, habrá que perseguirlos y ponerles precio a sus cabezas hasta que sean puestos ante la Justicia ordinaria para que respondan por toda su trayectoria criminal contra los colombianos.
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