El monumento y el orden

La sanción impuesta por la Personería de Cali al hoy Director de Planeación Municipal por la licencia otorgada al llamado Monumento a la Resistencia, revive la polémica sobre el que se convirtió en símbolo de las protestas que paralizaron en 2021 a la capital del Valle. Más que sobre la estatua o su significado, la discusión debe centrarse en la obligación que tienen el gobierno local y sus funcionarios de mantener el orden y hacer respetar el espacio público.

El fallo en primera instancia proferido por el ente de control, indica que Ricardo José Castro Iragorri, en su calidad entonces de subdirector de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico, incurrió en irregularidades y cometió una falta grave al otorgar los permisos para la obra levantada en el sector conocido como Puerto Rellena. Además de extemporáneos, ya que la licencia se expidió cuando la estructura era un hecho cumplido, el funcionario habría desconocido el convenio firmado entre la Alcaldía y Metrocali para intervenir la vía y el separador vial como parte de la construcción de la Troncal de Oriente del MÍO.

Como consecuencia de esa decisión, que según la Personería tampoco fue notificada con antelación al administrador del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad, se debió modificar el trazado y trasladar a otro punto la estación 19 que en principio estaría ubicada en el espacio donde se levantó el monumento. Por esa razón se habrían presentado sobrecostos en la obra por al menos $2000 millones, mientras que los cambios en el diseño podrían presentar problemas para la movilidad de los buses del MÍO.

En ello se sustenta la sanción aplicada a Castro Iragorri, quien hoy se desempeña como director de Planeación de Cali: en que no cumplió con su deber de preservar el espacio que es de todos los caleños, en aceptar la permanencia de una estructura con la cual se desconoció el ordenamiento urbano y en permitir que por ello se presentara un detrimento a los recursos públicos.

En esos mismos hechos se debe basar cualquier decisión que se tome sobre el Monumento a Resistencia, que tiene tantos defensores como detractores en la Capital del Valle. Porque si para unos es la expresión del descontento popular que llevó a las protestas que se extendieron por 60 días, para otros es el recordatorio de esos meses en que la ciudad estuvo paralizada, a merced del vandalismo y la violencia, con consecuencias económicas y sociales que aún hoy repercuten.

El secretario Castro Iragorri tiene el derecho a una segunda instancia, en la que deberá presentar sus argumentos para que le sea levantada la sanción que lo suspende por ocho meses en el cargo. La suerte final del monumento deberían ser las autoridades competentes las que la determinen, basadas en las normas vigentes, en el ordenamiento de Cali y en la legalidad de las licencias otorgadas, su continuidad.

No es desconociendo los fallos de los entes de control o calificando de “fascistas” a quienes los profieren, como lo hizo el alcalde Jorge Iván Ospina, como se ejercen el orden y la autoridad en una ciudad. Mucho menos es la forma de llegar a consensos sobre las diferencias que existan en su sociedad.