El martirio de las invasiones

De nuevo, las invasiones para estafar a la gente con predios de vivienda que no existen o son ilegales, marcan la actualidad de Cali. Y a pesar de su persistencia, parece imposible lograr que se establezcan mecanismos eficaces para defender tanto el derecho de propiedad como a toda la ciudad de una práctica que atenta contra la calidad de vida y el futuro de sus habitantes.

La de esta semana se produjo en el sector de Navarro, en inmediaciones de los barrios Llano Verde y Morichal. Cuatrocientas personas aparecieron en la zona a tomar posesión de lo que ellos consideraban lotes adquiridos con justo título, e incitados por algunos de los vendedores ilegítimos. Por fortuna, las autoridades hicieron presencia en forma oportuna para desalojar a los invasores y a la vez se expandiera lo que es un atentado contra el medio ambiente y una forma perversa de exigir del Estado el acceso a la vivienda propia.

Las invasiones han sido el gran dolor de cabeza de la ciudad. A través de la historia, el perímetro urbano de Cali ha crecido a punta de ocupaciones de terrenos particulares, de ejidos y de propiedad pública. Con ello se han creado centenares de comunidades que reclaman de la Alcaldía los servicios públicos, la educación, la salud y la seguridad, además de crear condiciones cada vez más difíciles para la convivencia y para la tranquilidad y el desarrollo de la sociedad caleña y de su ambiente urbano.

Por ello, la capital del Valle es una urbe caótica, con limitaciones enormes para atender la demanda de servicios de sus habitantes, que se hincha a la par con las necesidades básicas insatisfechas de los invasores, por lo general venidos de todos los rincones del Pacífico y del sur del país en busca de abrigo y de oportunidades que no encuentran ya en sus territorios de origen. Delante de ellos están quienes han convertido las ocupaciones ilegales en lucrativo negocio que aprovecha el reclamo social para llenar sus arcas, atropellar los derechos de los propietarios y estafar a muchos de quienes confían en ellos.

Es un círculo vicioso ampliamente conocido, el que además es explotado por dirigentes políticos que andan detrás de los votos de los invasores, y de no pocos funcionarios que pretenden ganar el favor de quienes buscan con desespero entendible la solución a sus necesidades. Al final, todos los ciudadanos deben pagar la tolerancia a esa práctica con sus impuestos y con el aplazamiento de las soluciones a sus propios problemas.

Lo ocurrido el pasado martes en inmediaciones de Navarro no es más que la repetición de una práctica que atenta contra cualquier posibilidad de progreso ordenado en Cali. Y reclama por enésima vez la acción decidida del Estado para impedir que se siga sacrificando el derecho colectivo a un medio ambiente sano y ordenado.

Cali no puede seguir enterrando y sacrificando su futuro en aras de atender las invasiones, el negocio de unos pocos que deben ser identificados y la costumbre de quienes llegan a la ciudad atraídos por el espejismo de una vivienda que es ilegal y la cual no tiene condiciones para asegurar una calidad mínima de vida.