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El diálogo nacional

Sin duda, el diálogo con el Estado permite encontrar soluciones. Pero también es claro que en él debe tenerse en cuenta a esa inmensa mayoría que padece la incertidumbre y experimenta la violencia extorsiva que los tiene como rehenes de una ínfima pero peligrosa minoría de violentos.

9 de mayo de 2021 Por: Vicky Perea García

Como consecuencia de los desórdenes y de la confusa situación por la que atraviesa el país, el presidente Iván Duque ha citado a diálogos a los sectores institucionales, políticos y de oposición, así como a una parte de la sociedad y a los organizadores del paro nacional que ya completa once días. Es una iniciativa motivada por buenas intenciones que debe ser apoyada como la mejor manera de encontrar una solución tranquila y pronta a algo que le está causando un daño enorme y quizás irreparable a nuestra Nación.

Durante diez días, el país ha presenciado la expresión de inconformidad frente a la difícil situación que padecen millones de colombianos y la protesta que llevó al Gobierno Nacional a retirar una reforma tributaria rechazada por la inmensa mayoría. Esas manifestaciones han sido protegidas y deben ser escuchadas para alcanzar unas soluciones que, ojalá, sean útiles en la construcción de un consenso que fortalezca la institucionalidad y la Constitución como instrumento para mantener la armonía y la paz en nuestra Nación.

Pero detrás de esa manifestación democrática se produjo una oleada de violencia inaceptable. En el caso de Cali, que ya parece repetirse en la Capital de la República, el vandalismo, el bloqueo que impide el tránsito libre, causa escasez y se expresa en retenes en los cuales los ciudadanos deben pagar extorsiones para poder pasar, son actos inaceptables que destruyen la democracia.

El resultado ha sido una absurda secuencia de hechos violentos y de abusos que ya llevan once días y han obligado a la reacción de la Fuerza Pública, generando enfrentamientos que dejan un número apreciable de víctimas y deben ser aclarados, castigando a quienes sean culpables de esas arbitrariedades. Y es indispensable también identificar y sancionar a los causantes de algo que no puede ser considerado como una expresión legítima de descontento sino como un intento claro por desestabilizar las instituciones y amedrentar a los ciudadanos.

Esa violencia es inaceptable. Por ello hay que dar claridad a los colombianos sobre la manera en que se van a proteger los derechos de esa inmensa mayoría amenazada hoy por el vandalismo y el terror. Sus derechos humanos han sido pisoteados por quienes promueven el caos, impiden el paso de alimentos, ambulancias, suministros médicos o combustibles y ponen en riesgo industrias vitales para la alimentación de los colombianos.

Sin duda, el diálogo con el Estado permite encontrar soluciones. Pero también es claro que en él debe tenerse en cuenta a esa inmensa mayoría que padece la incertidumbre y experimenta la violencia extorsiva que los tiene como rehenes de una ínfima pero peligrosa minoría de violentos.

Mañana tendrá lugar el encuentro del Presidente de la República con quienes se adjudican la vocería del paro. Es de esperar que allí no se negocie la institucionalidad de Colombia y que, ojalá, de ella salga un acuerdo para detener lo que está causando un grave daño a nuestra sociedad. Y entre tanto, que las autoridades actúen como ordena la ley para defender a los ciudadanos de la barbarie a la cual están expuestos.

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