El desafío del terror

Civiles inermes, soldados y policías asesinados; cerca de doscientos vehículos incinerados, decenas de municipios bloqueados por momentos y un sentimiento de intranquilidad dejó la asonada preparada por los integrantes del cartel de cocaína más poderoso en Colombia. Fue la manera de demostrar su capacidad de perturbación, justificada en la extradición de su jefe, quien hoy está ante las cortes de los Estados Unidos.

Ese balance indica en primer lugar que el Estado no estaba preparado para lo que era posible anticipar si existiera una inteligencia eficaz o si, como debió hacerse, se hubieran tomado las medidas necesarias para evitar lo que no es otra cosa que el desafío de la violencia común, dueña del negocio más rentable y destructor para nuestro país. Porque ese clan del golfo que en algunas esferas denominan autodefensas gaitanistas no es más que una asociación para delinquir, que durante el fin de semana aprovechó para realizar una exhibición de poder de perturbación.

Lo que padecieron los municipios de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Atlántico y Sucre, así como los atentados cometidos contra la Fuerza Pública no pueden aceptarse como una expresión política e ideológica, sino como el reto de criminales comunes a la sociedad colombiana. Y no parece aceptable que se insista en plantear una negociación con quienes nunca han tenido voluntad alguna de terminar con sus negocios ilícitos o con el terror que han sembrado en muchas zonas del territorio nacional, incluso a pesar de las propuestas y leyes que se aprobaron para lograr lo que parecía una desmovilización inminente.

Menos ahora, cuando los atentados de que fueron objeto millones de colombianos los realizaron en medio de una de las campañas electorales más tensas de las épocas recientes. No es extraño entonces que el que ellos llamaron “paro armado” fuera una estrategia para influir en la voluntad de los colombianos que se preparan para elegir el próximo presidente de la República. Y tampoco sería ya anormal el que de manera simultánea se proponga una negociación con todos los grupos de violencia que existen en Colombia, convirtiendo en bandera política la renuncia del Estado a su obligación de combatir el crimen.

Colombia no puede equivocarse en la interpretación de lo que sucedió el pasado fin de semana. Eso no fue solo una protesta por la extradición de ‘Otoniel’, ni puede considerarse un episodio pasajero que se puede echar al olvido. Como ocurrió hace un año a raíz del paro cívico, lo que aconteció esta vez fue la demostración de hasta dónde son capaces de llegar los amos de la violencia que tienen en el narcotráfico una fuente inagotable de riqueza y de recursos para desafiar la democracia.

Por ello hay que exigir de las autoridades la firmeza que se requiere en todo el territorio nacional para impedir que se cumplan los inaceptables y espantosos designios que anuncian los amos del terror, llámense guerrilla, paramilitares o simples narcotraficantes como es este caso. Firmeza que debe ser garantizada por quien sea elegido como presidente de los colombianos para evitar que el narcotráfico siga destruyendo a Colombia.