El desafío de la violencia

El desafío de la violencia

Agosto 12, 2019 - 11:55 p.m. Por:
Elpais.com.co

La situación en el Departamento del Cauca, en especial con respecto a las comunidades indígenas y sus líderes, vuelve a ser la gran preocupación. Es el ataque mortal a quienes en su inmensa mayoría se oponen al narcotráfico y se interponen entre los grupos armados que pretenden apoderarse de sus territorios para convertirlos en epicentros de sus actividades ilegales.

Las últimas semanas han sido plenas de ataques contra los integrantes de las guardias indígenas de las comunidades que habitan esa región, causando seis muertos y dejando varios heridos mediante disparos o bombas contra los automóviles que la Unidad Nacional de Protección les suministró.

Son atentados precedidos por amenazas, panfletos e intentos por desplazar a quienes se oponen a los intereses criminales del narcotráfico en territorios en los cuales la Constitución Nacional les ha reconocido condiciones especiales a las comunidades indígenas.

En esa nueva guerra, los carteles mexicanos aparecen como financiadores e impulsores de la confrontación que aprovecha las normas que fijan límites entre la Fuerza Pública y las autoridades indígenas. Tal situación se viene presentando en el desmonte de los transformadores que regulan la energía eléctrica utilizada para sacar ventaja de los cultivos de marihuana, donde la falta de autorizaciones de las comunidades ha limitado la posibilidad de controlar de manera efectiva el contrabando de energía que terminan pagando los usuarios del Cauca y la empresa que la suministra.

Pero además es claro que hay una confrontación abierta entre las bandas criminales, el ELN y las disidencias de las antiguas Farc por el control territorial y el narcotráfico en gran parte del departamento del Cauca, algo que ya es patente en las montañas de Jamundí y en grandes zonas del río Naya. Ese factor vuelve a poner en la mitad de la violencia a los indígenas, a sus autoridades y a los habitantes de la región, quienes reclaman de manera cada vez más angustiosa la presencia de la Fuerza Pública.

Eso es lo que explica que el señor gobernador Óscar Rodrigo Campo reclame por el retiro de dos mil de los cuatro mil miembros del Ejército que habían en el departamento y solicite su regreso. “Claramente se ve una disputa territorial, los indígenas defienden su territorio y esto choca contra los interese de estructuras criminales que están al servicio del narcotráfico y de los cultivos ilícitos”, dijo ayer el mandatario caucano a un medio de comunicación, demostrando así los riesgos a los que están expuestos esos colombianos.

Por supuesto, es imposible no vincular esa grave situación con lo que está sucediendo en el sur del Valle, incluyendo a Cali. Y sería absurdo tratar de desconocer el impacto que tiene en el nivel nacional y la relación directa con el asesinato de los líderes sociales del Cauca.
Es una suma de hechos que demuestra la guerra planteada por el narcotráfico y la ilegalidad a la sociedad colombiana, en la cual el suroccidente del país es el escenario en la medida en que allí están sus intereses. Tal situación reclama la respuesta decidida del Estado.

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