El crimen no cede

El año no comenzó bien en materia de seguridad para Cali. Con una tasa de homicidios más alta que en enero de 2022, se pone en duda que el municipio cumpla en estos 12 meses su propósito de bajar a menos de 800 el número de muertes violentas en la ciudad. El reducido presupuesto y un pie de fuerza insuficiente, tampoco ayudarán a conseguir esa meta.

Entre el 1 de enero y el 2 de febrero se cometieron 88 asesinatos en la capital del Valle, lo que significa un aumento del 13% si se compara con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 77. El fin de semana, en particular el domingo, es cuando más casos se reportan, mientras comunas como la 13, 14 y 15, en el oriente caleño, son las más violentas de acuerdo con el reporte entregado por el Observatorio de Seguridad de la ciudad.

Son estadísticas preocupantes porque confirman que Cali se mantiene con las tasas más altas de criminalidad en el país, si bien el año anterior logró reducirlas. Los resultados recientes indican que el plan de acción del Gobierno local anunciado para este 2023 aún no funciona como tampoco es significativo el avance prometido en la desarticulación de los grupos de delincuencia organizada o común, lo que sin duda es una tarea compleja en un territorio donde confluyen diferentes formas de violencia, incluidos el narcotráfico y el microtráfico.

En ese propósito poco ayuda la disminución del presupuesto de seguridad del municipio para este año. Son $65.490 millones aprobados, el monto más bajo entre las principales ciudades del país, entre ellas Bogotá y Medellín, que se prevén insuficientes para hacerle frente al reto de garantizar la tranquilidad de los caleños, cumplir con los anuncios de ampliación y modernización de la red de vigilancia local o conseguir que se aumente el número de policías para el área metropolitana que hoy es de apenas 6.000 efectivos, un 16% menos que hace 10 años.

Si a ello se suman la falta de autoridad que es evidente en la ciudad, la ineficiencia de la Justicia, los problemas graves que arrastra el sistema penitenciario, más la desconfianza ciudadana que influye en la decisión de no denunciar los crímenes, la probabilidad de reducir los índices de asesinatos y también los de delitos como el hurto o la extorsión, es baja para este año.

Como lo demuestran los registros del primer mes del año, Cali continúa a merced de la criminalidad, como receptora de la violencia que generan sus problemas internos más los que le llegan al ser la principal ciudad del suroccidente de Colombia y sin la capacidad suficiente para combatirla con la eficacia que reclaman sus ciudadanos.

Para devolverle la seguridad a la capital del Valle es necesario el apoyo urgente del Gobierno Nacional, mientras la Administración Municipal está en la obligación de gestionar los recursos necesarios que garanticen la protección y la tranquilidad de sus dos millones y medio de habitantes.