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El costo de la energía

Ojalá el Gobierno Nacional actúe con rapidez y decisión para evitar que la energía siga siendo generadora de inflación y motivo de alarma para las familias colombianas que deben asumir el golpe de esas alzas sin mayor explicación.

7 de septiembre de 2022 Por: Editorial .

Alzas hasta del 50 % en el último año, y el reclamo que crece entre los usuarios, llevan a pedir explicaciones sobre lo que está sucediendo con el servicio de energía y el precio que pagan por él los colombianos. Y obliga al Estado a intervenir para protegerlos de unos incrementos que afectan de manera alarmante el bolsillo de las familias y el costo de vida de productores y consumidores de toda clase de bienes.

Muchas son las explicaciones que se dan de parte de las empresas que intervienen en el sector eléctrico y en la venta de ellos. Las más recurrentes se refieren a la fórmula para calcular el precio y las alzas, así como a las decisiones para detener esas últimas mientras durara la pandemia del Covid 19, lo cual se desmontaría en forma paulatina una vez terminara.

Pero lo que está ocurriendo es por lo menos alarmante. Mientras en Santa Marta han crecido los precios de la energía en el 49,9 % en el último año, en Cali el alza llegó al 35,8 %, un 10, 4 % más en los últimos tres meses. Y ya se están presentando protestas en ciudades como Cartagena, donde el incremento es del 39,2 % y en casi toda la costa Atlántica, donde ha sido mínimo del 38 %. Es una escalada de grandes proporciones sin que los colombianos tengan claro porqué se produce.
Para explicar esos incrementos, las empresas que participan del sector aducen las intrincadas fórmulas establecidas por el Gobierno y la Comisión para la Regulación de la Energía y el Gas, Creg, que entre otras cosas obligan a tener en cuenta el índice de precios al productor. Lo cual, en palabras del gerente de Emcali, incluye factores como “el paro del 2021, la guerra de Ucrania, la falta de insumos y cosas que pasan a nivel mundial” como el alza que afecta a Europa en el gas.

Es decir, y a pesar del poco o nulo impacto de casi todos esos factores en el proceso de generación, distribución y comercialización en un país donde la mayoría de la energía es hidráulica o se produce en las represas que existen en Colombia, las normas obligan incluir todos esos factores externos en el cálculo, no obstante que no influyen en el costo final. Con lo cual se benefician ante todo a empresas que, como Emcali, mantienen su carácter público, lo cual debería proteger a sus abonados.

Difícil de entender entonces lo que está sucediendo, que hace pensar en que esa es la manera de subsidiar la burocracia, el clientelismo y la ineficiencia de esas entidades, así como en las limitaciones de los organismos oficiales que deben proteger al usuario y se escudan en reglamentos que contribuyen a inflar los precios de todos los productos y a aumentar el gasto de los colombianos. Ahora, el gremio que agrupa esas empresas ha pedido que se revise la metodología para detener una espiral alcista inaceptable y evitar con ello que crezca la protesta, lo cual parece tener buen recibo en los organismos que dirigen el sector.

Ojalá el Gobierno Nacional actúe con rapidez y decisión para evitar que la energía siga siendo generadora de inflación y motivo de alarma para las familias colombianas que deben asumir el golpe de esas alzas sin mayor explicación.

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