El balance de la anarquía

Luego de la borrasca que se tomó a Cali, la que aprovechó la protesta social para desatar el terrorismo, la asonada y el bloqueo a millones de personas, empiezan a aparecer las cifras sobre su impacto en los hogares caleños. Es el momento para exigir al Gobierno Municipal la claridad que se requiere sobre la forma en que la ciudad se recuperará de los estragos que le dejaron a las personas con mayores necesidades de trabajo para atender sus necesidades.

Esos estratos sociales fueron los más golpeados por el crecimiento del desempleo que según el Departamento Nacional de Estadísticas, Dane, se incrementó en el 4,4% entre abril y mayo, llegando al 24,3% de la fuerza laboral de la capital vallecaucana. Es decir, a 31 de mayo, una de cada cuatro personas aptas para trabajar quedó sin empleo, casi todas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, según la calificación oficial.

Y no es difícil encontrar las causas: durante cincuenta días, la ciudad padeció el vandalismo y la violencia. Fue sitiada por todos sus costados y muchos de los servicios como la distribución de alimentos, de combustibles y el transporte público fueron suspendidos cuando no arrasados por quienes pretendieron asimilar el terror a la violencia y aquellos que crearon retenes en los cuales se cobraban extorsiones a quien pretendiera cruzarlos, y se interrumpió el derecho a la movilidad que tiene cualquier ciudadano en Colombia.

El golpe lo recibieron quienes no pudieron trasladarse a sus sitios de trabajo, y centenares de empresas pequeñas y medianas que cerraron o debieron suspender sus labores. Era una sociedad secuestrada, acorralada por la violencia, en tanto el Gobierno Municipal naufragaba en la retórica que fue inútil para detener la anarquía que se tomó a Cali, desentendiéndose de su deber de aplicar la ley para proteger a todos los ciudadanos sin distinción, como lo ordena la Constitución.

Pero no sólo fue ese el daño. Al lado de los datos del Dane que muestran el golpe al empleo y al tejido social de la ciudad entre el 28 de abril y el 31 de mayo, está el crecimiento en el número de homicidios: 163 seres humanos fueron asesinados en mayo, algunas en los bloqueos que el alcalde Jorge Iván Ospina toleró. Y miles de negocios pequeños, de emprendimientos y de ocupaciones que empezaban a recuperarse de la pandemia, se perdieron en el caos, mientras los miembros de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea hacían esfuerzos por rescatar el orden y devolverle la tranquilidad a la ciudad.

El balance también debe extenderse a la destrucción de la confianza de la imagen de la ciudad. Cali es hoy objeto de toda clase de análisis cargados de ideologismos que dividen, mientras las autoridades municipales están ante la Justicia rindiendo cuentas por lo que hicieron y dejaron de hacer en el peor momento de su historia.

Ahora hay que empezar de nuevo a recuperar lo que se perdió a causa de la violencia y la falta de autoridad; a reconstruir el empleo y las oportunidades que desaparecieron en medio de la violencia que se camufló en la protesta social.