El azote de Jamundí

La seguridad de Jamundí y la protección a sus habitantes demandan la atención urgente y prioritaria del Estado. Los recurrentes actos terroristas y criminales en ese municipio no se pueden ver como hechos aislados, ni es posible desconocer su relación con la presencia de grupos armados ilegales en la región. Combatir esa delincuencia organizada que tanto daño causa en el sur del Valle, es el desafío que hoy tienen las autoridades locales y nacionales.

El miércoles en la noche una granada explotó en el parqueadero de un supermercado de Jamundí, provocando heridas a dos personas, mientras otra fue desactivada de forma controlada en una estación de gasolina de esa población. Se trataría de intimidaciones extorsivas dirigidas a comerciantes, de las que son víctimas también ciudadanos del común y que afectan por igual a funcionarios públicos o integrantes del Concejo local.

La violencia que padece la vecina ciudad no es aislada. Es el resultado de la presencia de organizaciones criminales que actúan en el norte del Cauca, en Jamundí o en otras poblaciones del Valle, que tienen como epicentro de sus actividades a Cali y están relacionadas con las distintas formas del narcotráfico. Son quienes controlan los cultivos ilícitos que se extienden por la región, los mismos que extorsionan, cometen masacres y siembran una estela de muerte y de terror a su alrededor, todo con tal de demostrar su poder y asegurar la continuidad de sus negocios ilegales.

Tiene razón el Alcalde de Jamundí en demandar la intervención inmediata del Estado. Son muchas las formas de criminalidad que hoy afectan a los sectores urbano y rural de su municipio, que van desde las intimidaciones a los campesinos, pasan por cometer atentados contra concejales, secuestrar funcionarios públicos, realizar plagios con fines extorsivos o perpetrar masacres y ajustes de cuentas. En ellos, la delincuencia común es difícilmente la única protagonista.

La solución no está solo en convocar a consejos de seguridad cada vez que ocurre algún acto terrorista o de violencia. Reforzar la presencia de la Fuerza Pública y de los organismos encargados de enfrentar el crimen es imperativo, así como integrar de manera eficaz a Jamundí y al resto del Valle en la estrategia nacional para combatir a la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo.

Preocupa, además, que las ofertas del Gobierno Nacional para adelantar negociaciones, otorgar amnistías o decretar ceses bilaterales del fuego con grupos criminales como el Eln, las disidencias de la guerrilla y organizaciones armadas ilegales como el Clan del Golfo, todas las cuales tienen presencia en la región, se conviertan en incentivos para las conductas antisociales, o que estas se utilicen para obtener reconocimiento político. La búsqueda de la paz total no puede darse a cualquier precio, ni prestarse para que en el afán de conseguirla queden al desnudo las debilidades del Estado.

Jamundí necesita del acompañamiento decidido e inmediato de la Nación y de todas sus instancias en el propósito de detener la violencia que hoy azota a su población. Devolverles la tranquilidad y la confianza a sus habitantes, así como garantizar su protección, son obligaciones inaplazables.