¿Dónde está el Estado?

Si se quiere conocer una de las causas principales de la violencia en el sur de Colombia, debe tenerse en cuenta la lastimosa situación de los juzgados en Tumaco y su limitación para atender uno de los municipios con más hechos delictivos del país. Así se podrá entender que no es sólo con la Fuerza Pública como se podrá resolver la crisis de una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado y la ausencia del Estado.

La última historia conocida es más que reveladora. El único juez penal de Tumaco debió liberar a los acusados por el asesinato de tres periodistas ecuatorianos hace un año y medio, en marzo de 2018. La razón:
vencimiento de términos, es decir, el despacho no pudo realizar las diligencias de acusación formal en el tiempo estipulado por la ley, a pesar de existir pruebas contundentes sobre su responsabilidad.

La situación en el municipio nariñense puede calificarse de increíble, pues a pesar de registrar uno de los índices de delincuencia más grandes del país solo tiene un juzgado penal para resolver la situación de quienes son detenidos por la Fuerza Pública. La Procuraduría General de la Nación informó que ese único juez tuvo que realizar 154 audiencias entre mayo y julio del presente año por la misma razón, vencimiento de términos.

Es decir, la Justicia no actuó como corresponde, y debió tramitar la libertad de centenares de acusados por delitos algunos tan atroces como el asesinato de los tres periodistas. En otras palabras, no fue posible aplicar las leyes como debe ser a quienes las autoridades capturaron y acusaron de hechos antisociales, porque en Tumaco sólo hay un juez penal de la República.

Ese funcionario está abrumado por los hechos y puede interpretarse que el Estado colombiano no parece tomar en serio lo que ocurre en Tumaco. Por ello, la administración de Justicia no opera y las leyes penales son poco menos que un rey de burlas en una región que padece el recrudecimiento de toda suerte de hechos criminales propiciados por los cultivos ilícitos, el narcotráfico y la minería ilegal. O por asesinatos como el de los tres periodistas del Ecuador, suceso que puso en tela de juicio a nuestro país.

Entre tanto, en Colombia se han hundido o han fracasado por lo menos diez reformas a la Justicia en los últimos cuatro gobiernos. Reformas que deberían tener en cuenta los vacíos que existen en la prestación de un servicio público esencial para mantener el orden y asegurar la vigencia de las leyes en todo el territorio nacional, y que siempre se frustran porque en la capital de la República no se ponen de acuerdo para atender el clamor ciudadano.

Hace pocos días, el comandante de una de las brigadas del Ejército Nacional ubicadas en el suroccidente del país afirmó que la crisis que padece esta región no se resuelve sólo con la presencia de la Fuerza Pública. La situación de violencia en Tumaco, donde solo hay un juez penal y lo normal parece ser la impunidad causada por el vencimiento de términos y la ausencia de justicia, demuestra la validez de esa afirmación y la angustiosa ausencia del Estado para ejercer la soberanía y aplicar la ley.