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Diálogo o negociación

Febrero 13, 2020 - 11:55 p. m. Por: Editorial .

Con agenda en mano donde están programadas sus movilizaciones durante el presente año, los promotores del paro nacional se sentaron por fin a la mesa con el Gobierno Nacional. Sin embargo, el intento por iniciar lo que el Presidente de la República bautizó como la Conversación Nacional tuvo una pequeña duración y terminó con otra amenaza.

La clave del asunto está en el bautizo que tendrán esos encuentros y los resultados que de ellos se esperan. Para los sindicalistas y demás dirigentes, deben llamarse negociaciones y deben llevar a los cambios que exigen, así no estén bajo las atribuciones constitucionales y legales del Ejecutivo, lo cual resultaría insólito, pues equivaldría a otorgarles un poder que nadie les ha conferido ni ha sido reconocido, salvo por ellos mismos y por las organizaciones que representan.

Y habría otra circunstancia adicional que no puede ser ignorada: se trata de la característica de negociadores, o más claro, de contraparte frente a la autoridad legítima, con facultades para exigir cambios institucionales como los incluidos en muchos de los asuntos que integran el listado de 108 puntos presentado en diciembre pasado. Aunque nadie sabe de dónde sale esa exigencia ni cuál es su legalidad o legitimidad.

Para completar el cuadro, el pronunciamiento de esos dirigentes tuvo como antecedente los disturbios que se produjeron en la Universidad de Medellín el miércoles pasado y fue simultáneo con los desórdenes y ataques vandálicos frente a la Universidad Pedagógica en Bogotá, con destrucción incluida. Como era de esperarse muy a pesar de la voluntad de sus recién posesionadas autoridades locales, la Policía debió sacar al Esmad para restaurar el orden y contener la violencia insensata.

Lo que sí está claro es que quienes por fin aceptaron la invitación al diálogo después de evadirlo durante dos meses, pusieron sobre la mesa su programa de paros, que empieza con la adhesión al programado por el sindicato Fecode para la próxima semana. Y que esa amenaza afectará de manera directa a todos los colombianos, empezando por el Estado del cual son funcionarios muchos de quienes aparecen como dirigentes de esas protestas.

Es el momento para preguntar de nuevo si la protesta social significa una carta blanca para mantener en vilo a la nación que, si bien reclama transformaciones, no está dispuesta a hundirse en la movilización permanente para apoyar exigencias que no la representan. O para reclamar de las autoridades lo que la ley no los autoriza a realizar, como negociar la institucionalidad desconociendo a los demás poderes públicos y, lo más importante, sin tener en cuenta el daño que le causan a los millones de colombianos que no están de acuerdo con esa especie de chantaje.

De igual forma, las declaraciones de los promotores del paro se presentan en momentos en que la Fuerza Pública está respondiendo al paro armado anunciado por el Eln. Es otra coincidencia desafortunada que obliga a pedir la reflexión para evitar que se consolide un intento de desestabilización de nuestra democracia que puede tener consecuencias nefastas.

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