Derechos Humanos e ideología

Después de leer el informe de su visita a Colombia presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ya no queda duda sobre su sesgo político. Y sobre la necesidad de revisar los compromisos firmados de buena fe por nuestro país, los cuales terminan siendo utilizados para debilitar al Estado a través de declaraciones que parecen más bien una proclama contra la obligación de las autoridades de defender a la sociedad de la violencia y de los intentos por destruir la democracia.

De buena fe, más no de manera ingenua, los colombianos esperaban que la fugaz visita reflejara la tragedia que padeció toda la sociedad colombiana, ocasionada por los bloqueos que afectaron a millones de ciudadanos, que causaron alarmantes desabastecimientos de alimentos y combustibles, que impidieron el derecho a la circulación de millones de personas o pusieron en riesgo la vida y la salud de ciudadanos. Y que se refiriera a la destrucción causada por el vandalismo que se tomó las protestas y por la violencia patrocinada por organizaciones empeñadas en acabar con la democracia colombiana.

No fue así, lamentablemente. Por supuesto, es de reconocer su énfasis en evitar los abusos cometidos por servidores públicos que han suido investigados y sancionados por el Estado, empezando por la Fuerza Pública y terminando en los órganos judiciales. Pero debe decirse también que la CIDH no ocultó su interés de respaldar pedidos como la separación de la Policía del Ministerio de Defensa, desconociendo la historia colombiana, y, más grave aún, la Constitución Nacional.

Cabe preguntar qué papel pretende desempeñar la Comisión al hacer sus recomendaciones, marcadas por un inocultable sesgo político que se hizo evidente en la selección de sus reuniones en Colombia. Aquí entrevistó de manera rauda a las Instituciones, sin duda por obligación, e ignoró a sectores de la sociedad que como en Cali padecieron la escasez de combustibles, de alimentos y de servicios de salud en plena pandemia causado por la violencia, mientras el transporte público era destruido sin misericordia en nombre de la protesta social.

Ahora, el informe del Cidh pretende justificar los bloqueos, y condenar la legítima acción del Estado, de todas las ramas que lo componen, para devolverles la tranquilidad a los ciudadanos y el orden al país. Además de inaceptable, esa actitud demuestra la orientación ideológica de quienes pretenden decirle a Colombia cómo encauzar la atención a la compleja realidad social, económica y de orden público por la cual atraviesa.

El informe de la Comisión y sus cuarenta recomendaciones son pues una nueva demostración de hasta dónde el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos de buena fe por nuestro Estado es desviado de un propósito fundamental como es la defensa de los Derechos Humanos de todos los ciudadanos y no sólo de los que pertenezcan a las corrientes que tienen asiento en su burocracia. Y hace pensar en la necesidad de abandonar entidades que están siendo dirigidas para tratar de deslegitimar la actuación del Estado en defensa de toda la sociedad.