Denuncias preocupantes

Siempre se ha afirmado que para la existencia de una democracia sana es indispensable que el Estado y sus funcionarios actúen con neutralidad frente a un proceso electoral. Sin embargo, también es sabido que algunos actúan dentro de las organizaciones públicas para exigir a sus subalternos a participar en favor de determinados candidatos o para obligarlos a aportar votantes a la de quienes gozan de la preferencia de quienes tienen el poder dentro de los gobiernos.

Eso parece estar pasando en la Administración Municipal de Cali, según el informe que El País publica en la presente edición, en el cual un testigo narra la manera en que se constriñe a los contratistas vinculados en esa dependencia a través del sistema de Prestación de Servicios. De acuerdo con el testimonio que se publica, los PS fueron llevados a una reunión en la cual se les exigió llevar a un evento a diez personas que debían adquirir boletas y comprometerse a votar por los candidatos que ordenaron quienes desde el gobierno impulsan sus aspiraciones.

Pero, y según otras fuentes, esa es apenas una de las tantas reuniones de ese tipo que se han realizado en Cali en los últimos meses, afectando también a otras dependencias, y que tienen en esos contratistas, más de cuatro mil personas, el material humano para realizar las campañas y comprometer votos. Por supuesto, y según cuentan quienes piden no revelar sus nombres por razones obvias, los contratistas serán despedidos en caso de que denuncien esos procedimientos que atentan contra la libertad del voto y la transparencia de las elecciones.

Todo ello sucede en Cali y puede afectar las elecciones para el Senado de la República y la Cámara de Representantes que tendrá lugar el próximo domingo. Y como se observa en los documentos gráficos que se publican con el informe, beneficiarán a reconocidos miembros de la coalición que respalda al alcalde Jorge Iván Ospina, lo cual aumenta las preocupaciones sobre lo que está ocurriendo.

Esa es apenas una de las maniobras que se estarían llevando a cabo para distorsionar los resultados de las elecciones, además del uso indebido el poder. Que no son novedosas y, como la compra de votos con dinero o mediante el ofrecimiento de toda clase de prebendas, se han convertido en grandes enemigos de la democracia al desvirtuar la voluntad popular.

Ante los hechos denunciados por personas que merecen credibilidad, se hace necesario reclamar la actuación de las autoridades electorales, los organismos de control y vigilancia electoral, para impedir que triunfen las maniobras que se han denunciado. Incluso, la Policía y la Justicia deben actuar para perseguir lo que son delitos contra el sufragio, además de abusos de funciones públicas, inaceptables en un país que basa el funcionamiento de su Estado en el acatamiento de la ley por quienes desempeñan cargos públicos y manejan recursos oficiales.

Es de esperar que se despejen las dudas sobre lo que está sucediendo, a la mayor brevedad posible. Así lo exige una sociedad que demanda transparencia en la política y respeto por la voluntad popular.