Del sometimiento a la sujeción

En lo que parece ser un esfuerzo agónico para lograr la desmovilización de los factores más importantes de la violencia que padece nuestra Nación, el Presidente de la República sancionó la ley que facilita la entrega colectiva de las bandas criminales. El próximo 20 de julio entrará en vigencia lo que debe calificarse como una nueva concesión llamada ahora ley de sujeción, que busca la pacificación del país mediante procedimientos no militares o incruentos.

La norma fue el resultado del interés por encontrar salidas políticas al fenómeno de criminalidad que crece, entre otras razones, por las dificultades del Estado para combatir la delincuencia organizada. Como se pudo constatar en su trámite, originó una gran polémica que incluso ha crecido ante requisitos y presupuestos incluidos a última hora, como el exigir que se demuestre la limpieza de los recursos con los cuales se pague a los abogados defensores de quienes se acojan a ella.

Debe reconocerse también que la nueva ley crea requisitos que si se cumplen puede significar el final de actividades como el narcotráfico, o terminar con las organizaciones que amenazan la tranquilidad de los colombianos y han arreciado sus actividades ante el fortalecimiento que han recibido de ese negocio. Como se ha calificado en ocasiones anteriores, es una propuesta cargada de buenas intenciones y con lo que parece ser un destinatario preciso, el denominado Clan del Golfo, una de las organizaciones más temibles que ha resistido los golpes propinados por la Fuerza Pública en los últimos años.

Según expresamos en oportunidad reciente, las bandas criminales que manifiesten su intención de acogerse a esta ley deberán hacerlo de manera colectiva, con información detallada de sus integrantes y de los delitos cometidos en forma individual y grupal. También tendrán que especificar los bienes producto de sus fechorías, en dónde están, quiénes son sus víctimas y cómo las resarcirán. Y deberán devolver a los menores de edad que tienen en sus filas, lo que por sí solo es un delito de guerra y de lesa humanidad.

Queda así plasmada la propuesta política del Gobierno Nacional. En adelante, es de esperar que se produzca el milagro que se busca, lograr que se desactiven esas tenebrosas organizaciones que se disputan la actividad más lucrativa, el crimen que crece ante los vacíos de autoridad, y para lo cual pisotean los derechos de sus conciudadanos. Para ello, también hay que hacer votos porque entidades como el Inpec, cuya historia es deplorable, sea capaz de realizar las tareas de resocialización que les impone la nueva ley.

Esa es pues la estrategia de transacción que se aplicará en adelante frente a la bandas criminales que ahora tendrán una nueva denominación. Sin embargo, hay que llamar a la alerta a las autoridades para que ella no se convierta en una nueva tronera que, además de crear más confusión, dé paso a la burla de la Constitución y al aumento de la delincuencia que ya se manifiesta en formas atroces como el asesinato de líderes cívicos y sociales en las zonas más golpeadas por el narcotráfico.
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