Decisión indispensable

Decisión indispensable

Octubre 01, 2018 - 11:55 p.m. Por: Editorial .

Ayer, el Gobierno Nacional expidió el decreto que reglamenta el decomiso y destrucción de las dosis de drogas sicoactivas cuando superen la dosis mínima. Aunque en apariencia es un pequeño paso, en la práctica puede ser un salto enorme en la recuperación de la concordia y en el combate a las organizaciones ilegales que se enriquecen y siembran la violencia a partir del derecho a la libre formación de la personalidad.

El decreto no es un tratado ni un catálogo. Es sí la declaración del Estado de detener la permisividad que amarra a las autoridades impidiéndoles actuar contra quienes venden al menudeo, lo que sin duda es un atentado contra la salud de sus consumidores y un generador de conflictos en las calles de la ciudad, producido por las continuas guerras que se producen a diario entre las organizaciones criminales que explotan lo que parece ser un vacío.

Es la contradicción que se presenta entre la protección del derecho al consumo y la obligación de combatir al narcotráfico. En este caso, la interpretación garantista de ese derecho ha dejado abierta la posibilidad de que los vendedores de drogas se paseen por las calles, lleguen a los colegios, vayan a las fiestas con pequeñas cantidades sin que puedan ser detenidos y sin que su negocio pueda verse afectado por la obligación de proteger el interés común, la salud de la sociedad.

Ese hecho ha incidido de manera importante en el aumento del consumo, y, ante todo, en la posibilidad de iniciar a los menores de edad en el uso de la marihuana, de la cocaína y de muchas otras drogas. Ahora, y sin desconocer derechos fundamentales, la Policía tendrá la posibilidad de decomisar las pequeñas dosis que los vendedores usan de manera impune para alimentar un negocio que puede mover diez billones de pesos por año, según estimativos oficiales.

Ese paso hay que darlo por encima de las discusiones que plantean los defensores de las libertades de consumo. Es claro que Colombia, en especial sus centros urbanos, se ha transformado en un país consumidor, expuesto a la violencia de las bandas que explotan ese uso y que corrompen a la juventud ya sea ‘envenenando’ a jóvenes y niños o creando cuadrillas con ellos para su distribución.

Esa realidad, sumada a la tolerancia con el consumo de alcohol en espacios públicos, es una de las razones principales para que Cali tenga los índices de criminalidad que obligan a vincular el Ejército en labores que deberían corresponder solo a la Policía Nacional, la cual tendrá el reto de producir resultados respetando los derechos. Y es un incentivo que causa tragedias como las que viven miles de personas que hoy son denominadas “habitantes de la calle”.

La decisión del Gobierno Nacional no perseguirá ningún derecho pero sí será de gran utilidad para combatir la venta callejera de drogas ilícitas. Y es un llamado a los padres de familia y a la sociedad en general para que despierten y actúen con las autoridades en la recuperación de principios tan elementales para la convivencia como el que los derechos individuales terminan donde empiezan los derechos de la sociedad.

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