De municipio a distrito

Por estos días se ha vuelto a poner en primer plano la transformación que debe aplicarse a la administración pública de Cali para cumplir con los requisitos que implica el haber sido reconocida como un Distrito Especial. Por la trascendencia que pueda tener para la ciudad y sus habitantes, es necesario adelantar un debate que analice las ventajas y los riesgos que enfrentará como consecuencia de la transformación.

Debe recordarse que la designación como Distrito de la capital vallecaucana se produjo con la expedición de la ley 1933 de 2018. Es decir, lleva ya cuatro años y dos gobiernos sin que se haya concretado, y aunque se han realizado estudios y consultas en las cuales han participado sectores académicos e integrantes de los gobiernos municipales, lo cierto es que no hay claridad sobre lo que será el futuro de esa iniciativa que, por lo demás, es ya obligatoria.

La transformación en Distrito no es sólo un título que se añade a los emblemas y documentos oficiales, o el abandono de la palabra ‘municipio’ por una que insinúa más importancia. Tampoco es una mera autorización para hacer una reforma administrativa que, por sus características, implicará mayores gastos, crecimiento de las nóminas y una eventual desconcentración de funciones que acarreará la redistribución de funciones y capacidades de decisión, así como la descentralización de parte del manejo presupuestal en la ciudad.

Así, no solo se trata de crear localidades que reemplacen las comunas, o la creación de alcaldías locales y la designación de alcaldes para cada una de ellas. Tampoco se trata de elegir juntas administradoras, o de darles facultades para elaborar planes de desarrollo e inversión, lo cual, en apariencia, significa democratizar más el manejo del Estado.

Pero eso no necesariamente significa acercar al ciudadano a sus instituciones, la verdadera razón de ser de la creación de los distritos especiales. Sabido es que la administración municipal está hoy sobrepasada por los problemas de la ciudad. Y la transformación implicará asuntos como la reducción del poder y del control del gobierno local y del Concejo Municipal, en la disposición de los presupuestos y de la capacidad de influir en las decisiones que afectan a los ciudadanos. Y demandará más impuestos para su operación.

Y todo ello está marcado por un hecho innegable: quienes tienen la facultad de aprobar esa transformación son los concejales, de una propuesta surgida del gobierno municipal y luego de realizar las consultas de rigor entre los caleños. Lo que lleva a preguntar hasta dónde se ha avanzado en esa consulta y si se han tenido en cuenta las inquietudes de muchos caleños que, o no conocen las propuestas o no están de acuerdo con ellas.

Está claro entonces que el paso de municipio a distrito es mucho más complejo que una reforma administrativa o el cambio del nombre en la papelería oficial. Es ante todo la adecuación de la administración pública a las necesidades de una comunidad de más de dos millones setecientos mil personas, haciéndola más cercana a los ciudadanos y con mayor capacidad para resolver los problemas que los afectan.