De la ley a la realidad

Tan amplia como su diversidad biológica y de recursos naturales, es la legislación ambiental de Colombia. Lo que aún falta por ver es qué tan efectiva es la Nación a la hora de aplicar las leyes y cumplir los propósitos para los cuales fueron creadas. La eliminación del uso del mercurio en cualquier actividad, incluidas la minera y la industrial, será un buen pulso para medirlo.

En el mes de julio de este año se anunció que entraba en vigencia la prohibición de utilizar ese metal en la extracción minera, acatando así lo dispuesto en la Ley 1658 de 2013 que daba un plazo de cinco años para que el país se preparara e hiciera realidad ese objetivo. Ahora, el Ministerio de Medio Ambiente presenta un Plan Nacional con el cual espera controlar definitivamente el uso y el consumo de mercurio, la importación o exportación de elementos que lo contengan como bombillas o termómetros, así como su producción para cualquier fin, todo ello a más tardar en el año 2023.

Es sin duda un manual de buenas intenciones, que incluye ejercer un control más eficiente, fortalecer la institucionalidad en las zonas con mayor presencia de minería ilegal y a la vez impulsar las investigaciones que permitan conocer la dimensión del daño al medio ambiente y a la salud que esa sustancia ha ocasionado. Ello se articulará con un programa de educación para socializar el riesgo que genera su uso y otro dedicado a la recuperación de los espacios afectados por el mercurio.
Como para ello se necesitan recursos financieros, se plantea buscar el apoyo internacional.

Con el plan se aspira cumplir los compromisos adquiridos por Colombia como firmante del Convenio de Mianmata sobre el mercurio, que entró en vigor en 1917, y sobre todo espera ponerle fin al desastre que ha ocasionado la utilización descontrolada de ese metal en el territorio nacional. La duda es si con esta nueva iniciativa sí se conseguirá lo que ha sido imposible en años.

La realidad es que el país no ha podido acabar con la minería ilegal, que representa el 80% de la actividad extractiva nacional y es la que más daño ha causado con el uso del mercurio. Ella es la responsable de que al año caigan en promedio 200 toneladas de mercurio a los ríos, se contaminen sus aguas y se provoquen enfermedades letales a colombianos que viven cerca de las fuentes hídricas o derivan de ellas su sustento diario. Ahí están como ejemplo los Farallones de Cali, donde nacen seis de los ríos que atraviesan la ciudad, o el deplorable estado en que el río Cauca pasa por el Valle.

No nos llamemos a engaños: la minería ilícita en Colombia está tan campante como siempre, mientras el mercado negro de mercurio proveniente de Ecuador o de Perú sigue sin controlarse. Con seguridad la industria acatará las disposiciones y dejará de usar la sustancia o fabricar productos que la contengan, pero el reto es terminar con quien es el verdadero enemigo.

Si se acaba con la extracción ilegal minera o se combate el comercio ilícito de mercurio, el plan propuesto podría cumplirse en el plazo dado, se conocería el diagnóstico real del daño al medio ambiente y a la salud de los colombianos, y se podrían recuperar los ecosistemas afectados. Es decir, las leyes y normas pasarían del papel a convertirse en realidad. ¿Se podrá?
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