Control necesario

Luego de las múltiples denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación realizados en los últimos tres años por la administración del alcalde Jorge Iván Ospina, los caleños esperan que los entes de control encuentren la verdad sobre lo sucedido y, si es del caso, sancionen a quienes estén involucrados. En ese sentido son importantes los hallazgos y recientes decisiones tomadas por la Contraloría General de la República.

Como lo divulgaron en exclusiva la revista Semana y el periódico El País, la entidad ordenó el embargo de cinco cuentas y siete propiedades del alcalde de Cali, decisión similar a la que tomó contra bienes de otros 21 implicados que harían parte de una posible red de corrupción en el Municipio. Así mismo, se congelaron 45 cuentas y 12 inmuebles a funcionarios y contratistas de Emcali, que habrían cometido irregularidades en varios contratos firmados por la Empresa de Servicios Públicos de la ciudad.

El detrimento superaría los $30.000 millones, según la Contraloría, y tendría repercusiones tanto fiscales como penales y disciplinarias para los presuntos responsables. La primera investigación tiene que ver con el convenio interadministrativo firmado con la Imprenta Departamental para el mantenimiento de cámaras de seguridad de la ciudad, que según el ente de control terminó tercerizado y no se cumplió en su totalidad.
En Emcali son tres los contratos con irregularidades. Uno, el de adecuación del canal de aducción de la planta de tratamiento de agua potable río Cali, que debía beneficiar a 700 mil caleños, nunca se hizo, la plata -$14.000 millones- está perdida y el caso se encuentra en un tribunal de arbitramento.

El segundo fue otro convenio interadministrativo, esta vez con la Empresa Regional de Telecomunicaciones, para “brindar apoyo a los call centers y a la gestión de servicios al cliente de Emcali”. La duda es con qué fin se contrató una labor que puede hacer, en la que tiene experiencia y para la cual cuenta con suficientes recursos la empresa de servicios públicos local.

El tercer caso está relacionado con los intereses de una deuda de la entidad con el Dagma por el impago de tasas retributivas, lo cual ocasionó sanciones moratorias por $66.000 millones en 20 años, que fueron condonadas sin ninguna explicación por el ente ambiental de la ciudad. Las explicaciones sobre las razones para dejar crecer esa deuda carecen de tanta lógica como argumentar que Emcali no sabía a quién debía pagar la contribución.

Los procesos sobre los que ha tomado acciones la Contraloría son solo la punta del Iceberg. Hay más de 350 investigaciones iniciadas por los diferentes organismos de control del Estado, incluidos 23 expedientes remitidos por control preferente a la Procuraduría General de la Nación, relacionados con presuntas irregularidades en la contratación en el gobierno de Jorge Iván Ospina, que deben llegar a buen término y no, como ya ha sucedido, terminen archivados por vencimiento de términos o queden sin solución.

Si bien se debe reconocer que se está actuando frente a las denuncias de ciudadanos, organizaciones cívicas y medios de comunicación, es necesario exigir resultados definitivos y que no se permitan interferencias clientelistas que impidan conocer la verdad sobre lo sucedido con el patrimonio municipal y dejen sin castigo a los responsables de su detrimento.